12/04/2016 17:36 Congreso
LA MINISTRA DE SEGURIDAD ASEGURÓ QUE EL OBJETIVO DE SU
MINISTERIO ES PRIORIZAR LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS COMPLEJOS Y PARA ELLO SE
ENVIARON AL CONGRESO NACIONAL LOS PROYECTOS TENDIENTES A "DOTAR AL PODER
JUDICIAL DE LAS HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO".
Patricia Bullrich expuso ante un plenario de comisiones de
Legislación Penal y de Seguridad Interior, que conducen los radicales Graciela
Burgos y Luis Petri, respectivamente, sobre los proyectos contra el crimen
organizado y el lavado de dinero, donde se amplían para la figura del
arrepentido y del agente encubierto y de flagrancia.
La ministra de Seguridad además anunció que la próxima
semana el gobierno enviará dos proyectos, uno para la extinción de los dominios
a fin de recuperar los bienes provenientes del lavado de dinero, el
narcotráfico y la trata de personas, y otro para terminar con la violencia que
generan las barras bravas en el fútbol.
Bullrich explicó el proyecto, criticado por algunos
diputados de la oposición, que reformula la figura del arrepentido y la creación
del agente encubierto y agente revelador, necesario para "dotar al Poder
Judicial de las herramientas para combatir el delito del crimen
organizado".
En ese contexto, Bullrich explicó la función que tendrá cada
uno de estos institutos jurídicos y dijo que se han incorporado dado que
"el objetivo es llegar al último eslabón de la cadena".
De acuerdo al texto, el arrepentido es aquella persona que
colabora con la justicia brindando información acerca de los delitos de los que
ha participado o no a cambio de beneficios procesales.
Al respecto, Bullrich aclaró que si bien esta figura ya
estaba en algunos delitos complejos, en este proyecto establece que "aún
después de la sentencia condenatoria puede aportar datos verosímiles y reales,
indicar las cuentas de financiamiento y puede entrar en el sistema de
protección de testigos".
Agregó que "los datos que se aportan pueden estar
vinculados a la causa donde está involucrado u otras" y aclaró que en el
caso del jefe de una banda que "denuncie al resto de la organización podrá
tener reducción pero no eliminación de la pena".
En tanto, el agente encubierto es aquel miembro de una
fuerza de seguridad o policial que es designado para involucrarse en
organizaciones criminales, ocultando su identidad y adoptando una nueva.
Sobre este punto, Bullrich dijo que "los diputados
deben analizar si se pueden autorizar la inclusión de civiles".
Por su parte, el agente revelador es aquel integrante de las
fuerzas de seguridad que se muestra interesado en participar del delito para
identificar a personas implicados y aportar datos que sirvan para desbaratar
esa banda.
La incorporación de este instituto fue objetado por los
diputados del FPV Diana Conti y del cordobés Juan Brugge dado que el agente
revelador no tendrá penas por mostrar interés en participar en este delito.
Sobre este punto, Bullrich defendió la propuesta del
gobierno porque señaló que el agente revelador "no comete delitos sino
busca la forma de mostrar interés para aportar pruebas y desbaratarlo".
La mayoría de los diputados no cuestionaron la totalidad de
los proyectos, con excepción de la izquierda que a través de Myriam Bregman,
quien consideró que "es darle poder a los buchones".
Desde el Frente para la Victoria, la legisladora Diana Conti
puso reparos al proyecto que reformula la figura de la ley del arrepentido al
cuestionar que "no se haya incluido alguna penalización para el
arrepentido mentiroso".
Por su parte, la diputada del Frente Renovador Mónica Litzsa
cuestionó que se presenten nuevos institutos cuando aún rigen el Código
Procesal Penal y anticipó que por ese motivo ese espacio político presentará su
propio dictamen.
Bullrich también señaló que se analiza proponer que la
Comisión Bicameral de Seguridad Interior pueda tener acceso al registro de
informantes, pero a condición de que mantenga los expedientes en secreto.
Durante su informe, Bullrich defendió el proyecto de
flagrancia que tiene por finalidad que los detenidos, que sean sorprendidos al
momento de cometer un delito de acción pública, pueden tener un juicio
abreviado y sean condenado con un corto proceso.
La ministra de Seguridad dijo que con este delito "la
prueba es corta, y el juez tiene un plazo corto para emitir sentencia" y
la victima logra "tener una resolución rápida del delito porque el
imputado tendrá una rápida condena" para todo acto delictivo que no tenga
una pena mayor a 15 años.
El plenario de comisiones de Legislación Penal y Seguridad
Interior continuará la próxima semana con audiencias con especialistas
propuestos por el oficialismo y la oposición, previo a la discusión entre los
legisladores para diseñar los respectivos dictámenes que se deberán debatir en
el recinto de sesiones.
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