“Un legajo traspapelado del prontuario de Miguel Pesce”
Lunes 1 de febrero de 2010
Con el despido de Redrado, ‘el cuidado’ de las reservas del Banco Central ha quedado en manos de Miguel Pesce, un concertista plural que ha elegido quedarse del lado K y no de Cobos.
Los círculos oficiales exhiben un currículo harto limitado del nuevo funcionario. Los círculos financieros tienen de él un ‘dossier’ que luce impecable, pues Pesce, en su calidad de secretario de Hacienda de Ibarra, fue el negociador de la reestructuración de la deuda pública de la Ciudad (Bonos Tango) en 2002. Esa renegociación ha entrado en los anales del curro de la deuda externa a igual título que la estatización de la deuda privada y el plan Brady por parte de Cavallo, en 1982 y 1990 respectivamente. No solamente fue un negociado escandaloso y una violación de normas legales. Hubo además una violación del orden constitucional completamente inédita, incluso a nivel internacional, algo que no es poca cosa en la larga historia de manoseo del constitucionalismo moderno.
En ese momento, el Estado porteño cargaba con una deuda de 600 millones de dólares. Unos 450 millones correspondían a títulos en moneda extranjera. La porción restante, a títulos en pesos. Los “Bonos Tango” habían sido emitidos por De la Rúa en 1997, en plena crisis asiática, a la tasa usuraria del 11% anual, el doble de la tasa de mercado. Estaban colocados, principalmente, entre las AFJP. El dinero de esos bonos había sido utilizado por De la Rúa para cancelar deudas a proveedores -la mayor parte resultantes de sobreprecios abultados- contraídas por las intendencias menemistas. En lugar de investigarlas, el futuro presidente prefirió convertirlas en un negociado para los banqueros que manejaban las AFJP.
La devaluación del 2002 tornó impagable esta deuda usuaria. La deuda pública nacional se encontraba en default y el gobierno de Duhalde ya había encargado a Lavagna su reestructuración a cambio de una quita en el capital. La pulseada con los banqueros se encontraba en un impasse. Ibarra y su secretario Pesce decidieron ‘romper’ el impasse: renegociaron la deuda porteña sin quitas, o sea respetando la “moneda original” (dólares, euros y liras). Mientras tanto, en el mercado, los Bonos Tango se cotizaban al ¡25%! de su valor nominal. El ‘progre’ Ibarra y su secretario -convertido ahora al fondo K- estaban protagonizando el hecho más lesivo para el patrimonio público desde el empréstito Bahring contraído por Rivadavia. En el primer ejercicio real de la autonomía de la Ciudad, se ponía de manifiesto que ella no tenía nada que ver con un reforzamiento de la capacidad de decisión de sus ciudadanos, sino con la posibilidad que ofrecía para esquilmar al padrón de recaudación de impuestos, por habitante, más importante del país.
Naturalmente, los intereses fueron renegociados a la baja: del 11% original pasaron a un arco del 7 al 9%. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles: la tasa de interés internacional también había comenzado a caer como consecuencia de la recesión norteamericana de 2000-2002; por eso ahora, ese 7-9% triplicaba la tasa de interés internacional. Ni siquiera esto es, sin embargo, lo principal, porque entretanto el valor nominal de la producción y el patrimonio de Argentina había caído de 300 mil millones de dólares a 100 mil millones – o sea que la carga del capital y de los intereses había crecido un 400% respecto al PBI. El PBI de la Ciudad había caído de 70 mil millones de dólares a 25 mil millones. La deuda era, además, fraudulenta y la renegociación de Ibarra-Pesce saboteaba el intento del gobierno nacional de reanudar el pago de la deuda con una quita sobre su capital. Este es el currículo del funcionario que reemplaza, provisoriamente, al entreguista Redrado.
Ibarra-Pesce entregaron el armado de la negociación a la banca de inversión J.P. Morgan, que cobró para ello una comisión de doce millones de dólares. Para indignación de la izquierda de la Legislatura, pero no para los bloques de la Alianza UCR-Frepaso y Cavallo-Béliz, el J.P. Morgan planteó una inusitada exigencia política: que su propuesta de renegociación fuera aprobada por la Legislatura antes de hacerla llegar a los acreedores. La banca Morgan pretendía, de este modo, evitar cualquier posibilidad de que la Legislatura rechazara cualquier acuerdo. Pero de acuerdo a la Constitución de la Ciudad, de la Nación y de todas las naciones del mundo, tal cosa es improcedente: el poder legislativo debe limitarse a refrendar o rechazar acuerdos firmados por el Ejecutivo – él no puede ser parte de ninguna negociación–. El atropello institucional sin precedentes que ejerció el dúo Ibarra-Pesce deja muy atrás el que representan los decretos de necesidad y urgencia, pues estos se encuentran establecidos en la Constitución (aunque violan la división de poderes de un Estado de derecho). De acuerdo a la Constitución de la Ciudad, la facultad de realizar acuerdos de deuda está reservada al Ejecutivo. La banca Morgan consiguió que el acuerdo de deuda fuera votado previamente por la Legislatura, antes de ser llevado a Londres para ser ofrecido los banqueros. Pesce e Ibarra les llevaron a los banqueros un acta de rendición incondicional firmada por todos los poderes del Estado porteño, en un momento de derrumbe social, económico y político de Argentina.
En la Legislatura, la izquierda denunció furiosamente este negociado. Altamira calificó al voto legislativo como la “ley J.P. Morgan”.
¡Pero los acreedores rechazaron este acuerdo leonino! ¡No se sintieron atados por el compromiso de una ley! ¡Ahora querían que el acuerdo fuera modificado, de nuevo, por una ley! El sometimiento debía ser por partida doble. Es que había en juego unos 150 millones de dólares de la deuda contraída en pesos, que la devaluación había reducida a una cifra mucho más módica -¡la que hubiera correspondido a una quita del 70%!–
Bajo la batuta del mismo J.P. Morgan fueron por más. Exigieron “condiciones especiales” para la deuda registrada en pesos, que no había sido incluida en el arreglo. Los usureros internacionales dieron muestra de una ‘muñeca’ insuperable para negociar: cortar al adversario en rodajas, pues si hubieran metido sus exigencias de entrada para la deuda en pesos, a la Legislatura le hubiera costado más votar la ley. La deuda en pesos estaba en poder de las AFJP y, en especial, en la controlada por el banco Santander. Por eso el negociado pasó a denominarse Morgan-Santander. ¿Pero cómo convertir en dólares a una deuda en pesos, en un país que era víctima de la conversión en pesos de sus ahorros en dólares? Pesce y el J.P. Morgan encontraron la salida: la deuda seguiría en pesos, pero ajustada al crecimiento de la recaudación tributaria de la Ciudad. El oscuro Pesce dibujó así lo que sería luego el acuerdo de Kirchner-Lavagna con los acreedores: la indexación de la deuda por partida doble: a la inflación y al crecimiento del PBI (la recaudación de impuestos está determinada por estos dos factores). El planteo era más usurario que el de una simple dolarización, pues la recaudación impositiva se encontraba en el punto más bajo de su historia como consecuencia de la crisis (el gobierno pensó en imprimir bonos para pagar sueldos). Los acreedores se aseguraron un ajuste fabuloso de esos títulos, teniendo en cuenta la reactivación de los años posteriores y el aumento de los precios, que acompañó la devaluación. Sólo entre 2002 y 2004, la recaudación de impuestos de la Ciudad creció un 70%. Los banqueros, por lo tanto, lograron más que la dolarización de la deuda en pesos. Es que al momento del arreglo, el dólar se cotizaba a 3,50 pesos y en poco tiempo retrocedió a 3, lo cual se convirtió en un premio adicional, en moneda extranjera, para quienes tenían los “bonos Tango” en pesos. Para pagar esta fiesta, el presupuesto porteño tuvo que dedicarle hasta el 10% de sus ingresos a esta hipoteca usuraria en beneficio de los bancos Morgan, Santander y otros. La Legislatura volvió a votar esta propuesta, que los banqueros no vacilaron en calificar como “ejemplar”, pues obraba como antecedente para la reestructuración de toda la deuda pública del país.
Los que buscan la judicialización de los responsables de la deuda externa argentina, deberían incorporar a Pesce (¡y a Ibarra! ¡y a 55 de los 60 diputados de la Legislatura!) a la lista que integran Martínez de Hoz, Walter Klein o Cavallo. Entre quienes votaron la ley dos veces se encuentran los K Alberto Fernández, Arguello, Santamaría, Enrique Rodríguez, Olivieri, Marta Oyhanarte (ahora ex K), Juliana Marino, naturalmente Borocotó y los ‘progres’: Vilma Ibarra, Delia Bissuti y Roy Cortina (aunque estos dos votaron en contra la segunda ley). Dos de los que votaron en contra, la humanista Lía Méndez y el comunista Patricio Echegaray, hoy son defensores fervorosos de K y de Miguel Ángel Pesce. Un año más tarde, en las elecciones de 2003, un fundamentalista del reclamo de que se investigue si la deuda pública es legítima –nos referimos a Claudio Lozano– integraría, por propuesta de la CTA, las listas para la reelección del ‘pescista’ Ibarra para jefe de gobierno de la Ciudad.
Esta historia es el relato de la impostura del gobierno nacional y popular y de la impresentable trayectoria de los progresistas que pretenden usurpar el lugar de la izquierda en Argentina.
Marcelo Ramal-Jorge Altamira
