HESURMET S.A

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sábado, 17 de diciembre de 2011

Sábado 17 de diciembre de 2011

Mariotto retiró la guardia policial del Senado
y designó a un civil al frente de la seguridad


El vicegobernador bonaerense dio la orden de retirar la guardia policial del Senado. Además designó a un civil al frente de la seguridad. Se encontraron 15 armas que podrían ser de procedencia irregular y que fueron derivadas al Renar. La decisión llega tras los incidentes del pasado lunes, cuando la policía se enfrentó con militantes de La Cámpora.

(La Política Online).-Gabriel Mariotto ordenó hoy cerrar el destacamento policial del Senado bonaerense. El vicegobernador decidió retirar la guardia policial permanente que funcionaba en la cámara alta provincial luego de la represión policial a manifestantes de La Cámpora el pasado lunes.

Además, trascendió que las nuevas autoridades de la cámara alta encontraron en esa dependencia unas 15 armas de “dudosa” procedencia. Según se informó esas armas fueron enviadas al Registro Nacional de Armas (Renar), algunas versiones indican que se encontró en el subsuelo una cantidad inusitada de armas largas y de grueso calibre.

Por primera vez, un civil se hará cargo de la seguridad de la Cámara Alta bonaerense. Según la agencia Agepeba, se trata del abogado Silvio Torres. Pero la decisión de Mariotto es que todo el personal de seguridad esté conformado por civiles. “No quiero que haya ningún policía en el Senado”, fueron las palabras del vicegobernador.

En tanto, en la cámara de Diputados se evalúa una medida similar. “Está en estudio. Se evaluará la semana que viene como se sigue con todo esto”, dijeron a La Política Online voceros de Diputados. Según explicaron, hay áreas “delicadas” como tesorería que necesitan agentes policiales.

Ayer se confirmó la renuncia de los responsables de la seguridad del Senado, Néstor Santa Ana y Facundo Faccio. 

Según publicó hoy La Nación, estos ex funcionarios aseguraron que Faccio fue el encargado de abrir la puerta sobre calle 8 para que ingresara el grupo de La Cámpora que participó del choque con la Infantería. Los informantes aseguraron que la orden para que ingresaran la dio una persona en nombre del diputado y líder de La Cámpora José Ottavis. Santa Ana había quedado en el ojo de la tormenta tras los incidentes registrados durante la asunción del Gobernador.
Sábado 17 de diciembre de 2011

Rossi: "No le creo nada a Schoklender"


El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados dijo que el ex apoderado de Madres "está armando su estrategia de defensa" judicial.

 (Lanacion.com).- El jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, descalificó categóricamente las declaraciones de Sergio Schoklender y dijo que no le cree "nada".

Ayer, Martín Caparrós publicó una crónica en la que el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo revela detalles inquietantes de sus años junto a Hebe de Bonafini.

"Yo a Schoklender no le creo nada", dijo Rossi. Además, dijo estar convencido de que Schoklender, quien está siendo investigado por presunta malversación y desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales, "lo que está haciendo es armar su estrategia de defensa".
En diálogo con Radio 10, el diputado insistió en esta idea. "Schoklender, así como lo hizo antes en la campaña electoral, lo está haciendo ahora. Es un señor que está imputado en una causa penal y el imputado en una causa penal no está obligado de declarar en contra de sí mismo, entonces lo que hace es armar su estrategia de defensa", dijo.

Qué pasó
Entre varias declaraciones picantes, Schoklender reveló que "las Madres se financiaban con asaltos a mano armada y Hebe sabía", que durante el menemismo tuvieron armas "de todo tipo" guardadas en la universidad de las Madres, que "en 1999, 2000" habían planeado el secuestro y la desaparición de Massera, que los funcionarios de primera línea de los ministerios cobran sobresueldos. También habló de los vínculos de Hebe de Bonafini con las FARC, del juez Norberto Oyarbide, de Néstor y Cristina Kirchner.
Sábado 17 de diciembre de 2011

Derechos de la niñez

El gobierno bonaerense buscará reducir
en un 40% la cantidad de niños en instituciones


El flamante secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro, aseguró que buscará reducir en un 40 por ciento la cantidad de niños y adolescentes institucionalizados y dispondrá que personal especializado recorra todos los municipios para evitar que se vulneren los derechos de la niñez.

(Télam).- El funcionario bonaerense sostuvo que uno de los objetivos es “la reducción paulatina de la cantidad de niños institucionalizados a través de distintas políticas de inclusión” y destacó que “nuestra meta es llegar a un 40 por ciento menos al final de esta gestión, lo que sería pasar de 5.900 a unos 3.500”.
"Actualmente, la provincia aloja en Hogares Convivenciales a 5.900 niños y adolescentes bajo medidas de protección especial de derechos”, precisó.

Navarro anticipó a Télam que desde la Secretaría, que a partir del 10 de diciembre pasó a tener rango ministerial, planifica que para 2015 el número de niños en esos centros no supere los 3.500.
Consideró que “mediante políticas de inclusión social como medidas de externación, becas de estudio y trabajo, o capacitación en oficios, podemos llegar a que muchos de estos chicos tengan un proyecto de vida que les permita salir de las instituciones”.

También explicó que trabajará en la ampliación “de los recursos y herramientas que permitan a los jóvenes alojados en instituciones penales acceder a su primer empleo”.
Navarro dijo que “ya se logró completar el cien por ciento de cobertura de educación formal en los centros de régimen cerrado, por lo que 460 niños y jóvenes asisten a clases, mediante convenios con la Dirección General de Escuelas”.
Además, adelantó a Télam que piensa extender a más municipios el Programa Operadores de Calle que se implementa en La Plata y que tiene por objetivo prevenir la vulneración de los derechos de los niños.

“La experiencia piloto que se puso en marcha en La Plata tuvo buenos resultados y ahora la propuesta es replicar esta metodología de trabajo en otros puntos de la provincia de Buenos Aires", anticipó el funcionario.
Precisó que en los próximos días el programa Operadores de Calle comenzará a aplicarse en los distritos de la Costa Atlántica “para luego ir armando los equipos y extenderlo a los principales centros urbanos del territorio provincial”.

En La Plata, el programa funciona con dos equipos de cinco operadores, quienes están coordinados y capacitados por profesionales de la Secretaría y que recorren todos el día los puntos de mayor concentración de niños y jóvenes.
El objetivo es restituir los derechos vulnerados en el caso de los chicos en situación de calle o en riesgo, e intervenir en situaciones de conflicto, mediante el acercamiento y la mediación.

“Es primordial llevar adelante campañas de concientización e información sobre los derechos del niño y los recursos del Estado para dar respuesta”, sostuvo Navarro y subrayó que “para ello, trabajamos desde hace tiempo con instituciones de prestigio internacional como Unicef y Missing Children”.

La nueva Secretaría, institución jerarquizada a partir del actual mandato del gobernador Daniel Scioli, cuenta con más de 100 dispositivos de abordaje, tanto penales como de protección de derechos, dependientes de la Provincia, y 116 servicios municipales, que también son coordinados por este organismo.

El Sistema de Promoción y Protección de Derechos aborda las problemáticas de un total de 80 mil niños y adolescentes cada año en los Servicios Locales y Zonales de la Provincia.

Ante situaciones que precisen tratamientos específicos y medidas de protección especial, el Estado provincial cuenta con más de 12 mil plazas en 680 ONG`s, entidades privadas y hogares oficiales y 840 camas de internación vinculadas a adicciones, salud mental y discapacidad, mediante acuerdos con clínicas y ONG`s especializadas.

El organismo cuenta con más de 3.300 trabajadores especializados en la temática con funciones tanto en hogares convivenciales oficiales como en dispositivos penales.