En las campañas electorales, los candidatos entremezclan
realidad y optimismo, en dosis bien estudiadas, para cosechar votos. El actual
oficialismo siempre habló de “sinceramiento tarifario” para los servicios de
luz y el gas. Pero sus proyecciones durante la carrera para llegar a la Casa
Rosada se quedaron cortas en relación a la realidad que encontraron, según los
últimos datos divulgados por el propio Gobierno.
Cuando Mauricio Macri aspiraba a ser Presidente, su equipo
sostenía que dos millones de hogares iban a necesitar alguna asistencia estatal
(como la continuidad de subsidios) para pagar sus facturas de luz. El ministro
de Energía, Juan José Aranguren, reveló ayer que “tenemos 3.250.000 usuarios
que han accedido a la tarifa social en el sector eléctrico”. Cuando se refiere
a “usuarios”, el funcionario habla de una vivienda, que puede estar habitada
por un jubilado/a o por una familia numerosa de bajos ingresos. En cualquier
caso, las solicitudes de tarifa social superan en un 60% las estimaciones del
oficialismo en los tiempos de campaña.
Con los incrementos en el gas, los pedidos de asistencia al
Estado también desbordaron cualquier evaluación previa de los equipos técnicos
de Fundación Pensar, PRO y afines. En abril, cuando el Gobierno oficializó el
aumento, los funcionarios hablaban de 400.000 potenciales beneficiarios de
“tarifa social”. “En el caso del gas son 1.600.000 (hogares), son menos (n.d.r:
en relación a la luz) porque no todo el país tiene acceso a la red de gas
natural, hay barrios del conurbano o del norte argentino que no tienen acceso a
la red de gas natural”, indicó Aranguren.
Según las previsiones más pesimistas que barajaban en
jefatura de Gabinete, en gas había un techo de 1,5 millón de viviendas que
podían conservar los subsidios. Por lo expuesto ayer por Aranguren, también esa
estimación se quedó corta. Es cuatro veces más de lo pensado.
Mientras que la distribución eléctrica nacional es casi
total, en gas persisten 2,8 millones de hogares (más de 10 millones de
personas) sin acceso a gas natural por red. Dependen de las garrafas.
Los trabajadores con ingresos inferiores a $ 12.120
mensuales, jubilados y pensionados que perciben menos de $ 9.918, personas con
discapacidad, empleados de servicio doméstico e inscriptos en planes sociales
calificaron para “tarifa social” en luz. En gas, se mantuvieron muchos de esos
lineamientos, pero también hubo exigencias en torno a la posesión de vehículos
(tenían que tener más de 14 años de antigüedad) y propiedades (se puede poseer
una).
En marzo, Clarín había adelantado que había 2,8 millones de
solicitudes de “tarifa social” para la luz. En dos meses, el número siguió
creciendo. En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, se mantuvieron los
900.000 pedidos de ayuda estimados. Pero en el interior, las solicitudes
superaron las expectativas más sombrías.
Las tarifas de luz de Buenos Aires atrasaban entre 5 y 7
veces en relación a las del interior. Por esa razón, las subas en las
provincias fueron inferiores, en porcentaje, a las porteñas. Por ejemplo, un
usuario que en Buenos Aires pagaba $ 40 bimestrales recibirá una factura que
estará en un rango de entre $ 150 y $ 200 mensuales (un salto de hasta 500%).
Pero en Córdoba, un hogar que ya venía pagando $ 300 (por un consumo similar al
porteño), ahora tendrá que calcular $ 450, tras un incremento del 50%.
“Era una necesidad haber recompuesto las tarifas porque caso
contrario íbamos a seguir desfigurando la situación de inversión, no iba a
estar disponible para lograr disminuir los cortes de energía eléctrica y los
cortes del gas”, expresó ayer Aranguren.
La magnitud de los subsidios a la luz y el gas del
kirchnerismo es inaudita para cualquier experto internacional. En el caso de la
luz, se pasó de subsidiar a los hogares por $ 1.185 millones en 2005 a $
140.000 millones en 2015. Entre 2005 y 2015, el Estado destinó US$ 85.000
millones al sector energético. “Comparados con los subsidios a otros sectores,
el analizado no tiene precedente histórico y ha sido un instrumento esencial de
la política económica del último gobierno”, dice un estudio de KPMG.
El Gobierno también mantuvo una “tarifa social” para el
transporte en trenes y colectivos, con un boleto por debajo de los $ 3. Aunque
hay 6 millones de personas que podrían requerirlo, aún no se informó la
cantidad de pedidos.
