Miércoles 30 de noviembre de 2011
Cámara de Diputados
Aprueban y giran al Senado el
proyecto que
establece el derecho a la
identidad de género
La
Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al
Senado un proyecto que establece el derecho a la identidad de género y habilita
el reclamo de la rectificación en el DNI del sexo y el cambio del nombre de
pila para quien lo solicite, según el género con el que se sientan
identificadas.
El debate, que
se inició cerca de las 16 y se extendió por casi 5 horas, contó con la
presencia en el recinto representantes de entidades defensoras de derechos
humanos y de la comunidad homosexual, travesti y transexual, en el marco de la
última sesión ordinaria del año de la cámara baja.
La norma -aprobada por 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones-
establece que el trámite, que se realizará ante el Registro Nacional de las
Personas, no necesita requisitos específicos, salvo la propia solicitud del
interesado y tampoco requiere someterse a diagnósticos médicos, psiquiátricos
ni a cirugía alguna, en el caso de los mayores de edad.
La iniciativa, que se planteó después de que el Congreso aprobara la ley de
matrimonio igualitario, cuenta con el respaldo de la Federación Argentina
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Asociación de
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), entre otras.
Se trata de un texto unificado que reúne iniciativas en ese sentido impulsadas
por Silvana Giúdice (UCR); Juliana Di Tullio y Diana Conti (Frente para la Victoria); Vilma Ibarra
(Nuevo Encuentro) y de los socialistas Miguel Barrios, Roy Cortina y Alicia
Ciciliani, entre otros.
Entre otras cuestiones, la norma habilita a las personas mayores de 18 años a
acceder "a intervenciones quirúrgicas totales y parciales", así como
a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, a su identidad de géne¬ro
autopercibida "sin necesidad de requerir autorización judicial o
administrativa".
Establece, en ese sentido, que los prestadores del sistema público de salud, ya
sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar
en forma permanente los derechos que la ley reconoce.
Al defender el proyecto, la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, sostuvo
que la norma "permitirá a las personas trans desarrollar su propio plan de
vida, acorde a su identidad" y aseguró que con esta norma "estamos
avanzando en la ampliación de los derechos de uno de los sectores más
castigados".
Una de las pocas voces en contra, junto con la del salteño Alfredo Olmedo, fue
la del diputado del PRO, Julián Obiglio, quien rechazó cualquier iniciativa
"que permita modificar la identidad legal o física de una persona, sin la
estricta supervisión de la justicia" y consideró que "hay otros temas
prioritarios para ser cubiertos por las obras sociales".
Para la diputada del Frente para la
Victoria, Juliana Di Tullio, autora de uno de los proyectos
que se tomó en cuenta para elaborar el dictamen, la norma "es un enorme
paso hacia la construcción de una sociedad más igualitaria", al afirmar
que se trata de "un acto de justicia para construir una sociedad mucho
mejor".
Al cerrar el debate, el titular del bloque de diputados del oficialismo,
Agustín Rossi, afirmó que la sanción de la ley "demuestra que somos una
sociedad más tolerante y con menos discriminación" y dijo que la ley de
matrimonio igualitario fue "un paso trascendental", a la vez que
recordó el trabajo del ex presidente Néstor Kirchner para que la norma sea
aprobada.
Desde la UCR, se
mostraron a favor de la norma el diputado Juan Tunessi, quien aclaró que
"no es cierto que se van a fundir las prepagas. Es una excusa para no
reconocer en plenitud sus derechos", en tanto que su par, Silvana Giúdice
consideró que se trata de "un avance de la lucha contra la discriminación
de las minorías sexuales" y dijo que "es una ley de avanzada".
Tras anticipar el respaldo al proyecto, el diputado del Peronismo Federal,
Gustavo Ferrari, pidió modificar algunos artículos y reconoció que su bloque
otorgó libertad de conciencia a sus integrantes, al adelantar que "no va a
haber una votación unánime" por parte de esa bancada.
La Coalición Cívica,
a través de las diputadas Fernanda Reyes y Fernanda Gil Lozano, manifestaron
también su respaldo a la norma, al igual que Marcela Rodríguez, hoy alejada de
la bancada encabezada por Elisa Carrió.
Por su parte, la diputada del PRO, Laura Alonso, se diferenció de Obiglio, su
par de bancada, al manifestar su respaldo a la iniciativa, y pidió a sus
colegas que dejen "sus prejuicios en la puerta de la calle Rivadavia
porque se trata de un debate de derechos que afecta a la vida de toda la
sociedad".
Sin embargo, el titular del bloque del PRO, Federico Pinedo, opinó que "es
un proyecto malo, que tiene demasiados errores, que se podrían haber corregido
en un debate más profundo y menos apasionado. La necesidad de tratar los temas
del estado civil de las personas y de la identidad debe darse a través de los
jueces".
El debate en particular, en tanto, se extendió por más de una hora, a raíz de
una discusión en torno al artículo 5, sobre la situación de los menores de 18
años, y se acordó establecer que la solicitud del trámite "deberá ser
efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del
menor".
En los fundamentos, la norma hace referencia al caso de Tania Luna, una
marplatense de 25 años -quien habiendo nacido varón- la justicia la autorizó en
2008 a
cambiar el nombre en su partida de nacimiento y en su DNI, sin exigirle una
cirugía de reasignación sexual como requisito previo a la adecuación de la
documentación.
