HESURMET S.A

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miércoles, 29 de junio de 2016

DATOS OFICIALES DEL REGISTRO NACIONAL DE LA JUSTICIA SOBRE UN FENOMENO QUE NO PARA

Aumentaron los casos de femicidio: la Corte registró una muerte cada 37 horas
Entre 2014 y 2015 la cantidad de casos creció un 4,2 %. El año pasado hubo 235 víctimas fatales.
En nuestro país, de acuerdo al informe conocido ayer del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, ocurre un ataque mortal cada 37 horas. Y estos episodios no solo que no pueden detenerse, sino que aumentan. En 2014 hubo, según los datos de la Justicia, 225 mujeres víctimas de femicidios, y durante el 2015, 235, es decir un 4,2 % más. Todo esto, pese a las multitudinarias marchas que piden por “Ni una menos”.
 
Según el relevamiento, realizado en base a las causas vinculadas a muertes violentas de mujeres o niñas independientemente de que se hayan tipificado o no como femicidio, al menos 235 mujeres fueron víctimas durante 2015 -un promedio de una cada 37 horas-; el 70 por ciento de los agresores era cercano (pareja o familiar); y sólo el 3 por ciento ya fue condenado.

También, de acuerdo a las estadísticas de la Corte, el 43 por ciento de las víctimas tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas, y el 25 por ciento entre 41 y 60.

A su vez, el asesinato de adolescentes (de entre 16 y 20 años) representó el 11 por ciento, mientras que los de niñas (menores de 16) y adultas mayores (más de 60) fue en ambos casos del 9 por ciento.

En estas causas fueron imputados 236 hombres, aunque no obstante existen tres expedientes que todavía no tienen ningún imputado.

Un dato central del informe es el vínculo entre agresor y víctima. El 58 por ciento eran parejas, ex parejas, novios, maridos o convivientes, y el 12 por ciento era un familiar, el 17 por ciento era un conocido y sólo el 5 por ciento fueron cometidos por extraños.

En referencia a las edades de los victimarios, el 54 por ciento de los imputados fueron varones de entre 19 y 40 años; el 28 por ciento de los imputados tenía entre 41 y 60 años; y los mayores de 60 y los adolescentes de entre 16 y 18 años representaron en ambos casos el 6 por ciento de los delitos, mientras que sólo un agresor era menor de 16 años.

En cuanto a la actuación de la Justicia, sólo el 3 por ciento de los casos cuentan ya con sentencia condenatoria, otro 3 por ciento fueron sobreseimientos, y ninguna absolución.

LAS CAUSAS JUDICIALES

Asimismo, de las causas iniciadas en 2015, el 29 por ciento se encuentra actualmente en la etapa de juicio oral, mientras que un 51 por ciento permanece todavía en la etapa de investigación.

Otro dato relevante es que al menos el 20 por ciento de las víctimas había denunciado previamente por violencia de género al imputado, el 27 por ciento no tenía denuncias previas, y en el 53 por ciento de los casos la Oficina no tuvo forma de constatar este dato.

Los distritos con más cantidad de casos, en tanto, fueron Buenos Aires (98), Santa Fe (43) y Salta (15). En éstas dos últimas provincias, también es alta la proporción cada mil mujeres: 2,46 en Santa Fe y 2,23 en Salta, mientras que Chubut, San Juan y Catamarca no reportaron durante 2015 ningún caso.

Otro enfoque de la misma problemática es la cantidad de niños que quedan sin mamá: según el relevamiento de la Corte, se trata de unos 203, aunque la estadística asume que en 55 casos no se ha podido precisar la cantidad de hijos.

Cabe señalar que el informe del Registro Nacional de Femicidios de Argentina se realizó por primera vez en 2015 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, a cargo de la magistrada Elena Highton de Nolasco, sobre datos solicitados a todas las jurisdicciones del país.

Ese primer informe arrojó que durante 2014 hubo 225 mujeres que fueron víctimas de femicidio y fue el primer relevamiento oficial sobre la temática.


Es de destacar, asimismo, que el concepto de femicidio es tomado de la Declaración sobre el Femicidio realizada en 2008 por el Comité de Expertas/os (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, y fue incorporada como figura específica en 2012 al Código Penal de Argentina.

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS PERCIBIRÁN HABERES DE JUNIO Y AGUINALDO

Desde hoy. 
El Instituto de Previsión Social (IPS), informa que los jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de  junio y la primera cuota del S.A.C (aguinaldo) entre mañana 29 y el jueves 30, según cronograma que se detalla a continuación:
 Miércoles
29/06/2016
 PENSIONES SOCIALES
BENEFICIOS CON DOCUMENTOS TERMINADOS EN 0, 1, 2 y 3
 Jueves
30/06/2016
 BENEFICIOS CON DOCUMENTOS TERMINADOS EN 4, 5, 6, 7, 8 y 9
 Aquellos beneficiarios que cobran por cajero automático, se encuentran incluidos en la fechas de pago según terminación del número de documento.                                                  

 Fecha de vencimiento del pago de Junio es el día 25 de Julio de 2016.

EN BROWN, CONTINÚA CON ÉXITO LA LIGA DE FÚTBOL PARA JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES

 Una nueva fecha de la Liga de Fútbol para jóvenes con parálisis cerebral, que agrupa a equipos de todo el Conurbano, se disputó en el predio del Sindicato de Trabajadores Municipales de Almirante Brown.

Esta propuesta para personas con discapacidad parte de una iniciativa de varios municipios de la Provincia de Buenos Aires a la que se sumaron clubes de primera división, como Boca Juniors, Independiente y Lanús.

La competencia contó con la presencia de numerosos centros de día de la zona además de delegaciones de Presidente Perón, San Vicente, Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora y el local Almirante Brown, que presentó varios equipos surgidos del Centro de Recreación y Deporte Adaptado que funciona en el Polideportivo del Municipio.


Las delegaciones fueron recibidas por el subsecretario del Instituto Municipal del Deporte, Juan Gabriel Alarcón, acompañado por el director del área, Jonathan Frisa quienes coincidieron que “eventos como este nos permiten crecer, intercambiar experiencias con colegas de otros municipios y reafirmar un trabajo que tiene como meta la inclusión de este sector de la población en la cultura del deporte”.​

Néstor Grindetti, sobre su imputación: "Demostraré que no realicé ningún ilícito y que no tengo nada que ocultar"

El intendente de Lanús negó tener empresas o cuentas en Panamá; lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.
stor Grindetti, intendente de Lanús, se defendió después de que el fiscal Patricio Evers decidiera imputarlo en una causa por enriquecimiento ilícito que tiene como origen las filtraciones de Panamá Papers .

"Se trata de un paso procesal que estábamos esperando y que se da en el marco de la investigación llamada Panamá Papers. Hemos tomado conocimiento e inmediatamente instruí a mis abogados para que presenten la documentación requerida por la Justicia. En esa instancia podré demostrar que no realicé ningún ilícito y que no tengo nada que ocultar", afirmó Grindetti en un comunicado oficial.

Grindetti tiene un poder especial para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública del 2 de julio de 2010, que reveló LA NACIÓN. La Justicia busca saber si el jefe comunal de Lanús se enriqueció de manera ilícita, mientras se desempeñaba como secretario de Hacienda porteño.

"Estoy absolutamente tranquilo. No tengo una empresa en Panamá, ni una cuenta", aseguró el intendente de Lanús. "Soy un hombre público que viene del mundo de los negocios, hace 40 años que trabajo en la actividad privada. No vine a la política para enriquecerme. Estoy acá para poder mejorar la calidad de vida de mis vecinos, y en eso estoy trabajando", agregó el mandatario local.

Medidas judiciales

La fiscalía solicitó a la jueza federal María Romilda Servini que pida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad de Lanús y a la AFIP las declaraciones juradas de Grindetti desde diciembre del 2007 hasta la actualidad.

Evers también mandó exhortos a Suiza y a Panamá.


La causa se inició a partir de una denuncia penal realizada por el fiscal de instrucción Martín Niklison, "luego de tomar conocimiento de lo publicado por distintos medios de comunicación en cuanto a la investigación periodística Panamá Papers", según consta en el escrito del fiscal que cita la agencia Télam.

Panamá Papers: el juez Casanello ordenó un análisis comparativo sobre las declaraciones juradas de Mauricio Macri

El objetivo central es determinar si existieron "contradicciones" y si tienen justificación en razones burocráticas, como alegó el mandatario.
El juez federal Sebastián Casanello , que investiga a Mauricio Macri en la causa por las revelaciones de los Panamá Papers, ordenó que se hiciera un análisis comparativo sobre las declaraciones juradas que presentó el Presidente entre 2013 y 2015, que tienen diferencias.

El denunciante en esta causa, el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez, sostuvo que las declaraciones de Macri tienen contradicciones en su contenido tanto en materia de bienes como de sus valuaciones.

El objetivo central del análisis ordenado es ver si existieron "contradicciones" y si tienen justificación en razones burocráticas, como alegó Macri, o no. La medida había sido propuesta por el fiscal del caso, Federico Delgado, que dijo que debía determinarse si las diferencias en las declaraciones se debieron a "la dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal", como había señalado el Presidente ante la Oficina Anticorrupción. Esto es en referencia a que en 2013 Macri era jefe de gobierno porteño y sus declaraciones estaban regidas por las normas locales, con formularios diferentes a los previstos a nivel nacional por la Oficina Anticorrupción, organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

El trabajo que ordenó ahora Casanello fue encomendado, en forma "conjunta", a las "áreas pertinentes" de la Oficina Anticorrupción, por un lado, y de la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño, por el otro.


De acuerdo con la orden del juez, ambos organismos deberán designar personal idóneo en materia de declaraciones juradas para que hagan, en el plazo de diez días, una comparación de la estructura de los formularios de las declaraciones juradas de cada organismo y elaboren un "informe conjunto" detallando las diferencias en la información requerida por cada régimen. Además, les pidió un "análisis comparativo" de las declaraciones presentadas por Macri entre 2013 y 2015, que deberá establecer si hubo contradicciones; en su caso, cuáles fueron sus "posibles causas" y si estuvieron vinculadas con la dificultad de "articular" unos y otros formularios. También, si alguno de los organismos le pidió aclaraciones a Macri de lo que surgía de sus presentaciones.

Los intentos del kirchnerismo para quedarse con la herencia de Perón

Al menos en tres oportunidades, pero sin éxito, enviados del gobierno anterior quisieron hacerse de los bienes del ex presidente.
Codiciada históricamente por el peronismo, durante el kirchnerismo hubo al menos tres intentos por hacerse de la herencia de Juan Domingo Perón, un rico patrimonio cuya gran parte custodia Mario Rotundo.
El última intentó lo encabezó el obispo Rubén Héctor Di Monte, como publica hoy LA NACION. El fallecido obispo solía tejer una relación muy estrecha con el kirchnerismo y dirigía el monasterio de General Rodríguez que eligió el ex secretario de Obras Públicas José López para lanzar casi 9 millones de dólares.
Mario Rotundo fue colaborador de Perón durante los últimos años de su exilio en Madrid y su heredero. Dirige la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (Funpaz), a quien la viuda de Perón, María Estela Martínez, le donó todos los bienes muebles de la familia.
La herencia de Perón siempre fue un botín de guerra para el peronismo. Tal es el valor para el acervo nacional que desde el Partido Justicialista siempre se consideró la posibilidad de que el Congreso de la Nación dictara una ley para recuperar los bienes del ex presidente y así crear un museo en su recuerdo. Nunca nada de esto prosperó. Tampoco los intentos kirchneristas.
El primer enviado kirchnerista para adquirir la herencia fue Juan Bontempo, en 2009 subcoordinador de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidente de Presidencia de la Nación. Mantuvo nueve reuniones en la Casa Rosada con el heredero. Se iba a cerrar el acuerdo por unos 25 millones de dólares, pero la derrota de Néstor Kirchner ante Francisco de Narváez en las elecciones legislativas suspendió la operación.
En 2010 fue Ricardo Barreiro, conocido como "el jardinero" de la familia Kirchner, quien se acercó a Rotundo. Lo hizo a través de una amiga en común, la periodista Mónica D'Assisi. La reunión fue el 4 de mayo, día en el que Kirchner había logrado el respaldo para ser elegido secretario general de la Unasur. La negociación también naufragó por decisión del ex presidente.

El obispo Di Monte encabezó la última avanzada. Enviado por el gobierno de Cristina Kirchner, ofertó comprar el patrimonio de Perón por 100 millones de dólares, aunque para cerrar la operación exigía la devolución de 70 millones. Hubo dos reuniones, la última unos meses antes de la muerte de Kirchner. Di Monte presionó por cerrar la operación, pero Rotundo se negó.

La Justicia acusa al gremialista Suárez de ser el jefe de una banda delictiva

Canicoba Corral indagará por nuevos cargos al ex líder de los marítimos, aliado del kirchnerismo; las acusaciones incluyen asociación ilícita, fraude y extorsión.

líder del gremio de los marítimos, Enrique Omar Suárez, a quien Cristina Kirchner describía como uno de sus sindicalistas "favoritos", atraviesa hoy su peor momento en la Justicia. Tiene el gremio intervenido, está procesado por haber entorpecido vías navegables y acaban de ampliar la acusación en su contra. Lo indagarán como supuesto jefe de una asociación ilícita.

El lunes próximo deberá presentarse a declarar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Los cargos en su contra incluyen, además del de haber sido la cabeza de una supuesta banda delictiva, sospechas de "extorsión" y de "administración fraudulenta" en contra del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que encabezó desde 1992, y de la obra social del gremio. Así lo informaron a LA NACION funcionarios que trabajan en el caso.
 
Ex aliado de Hugo Moyano, Suárez, a quien todos conocen como "Caballo", fue menemista, duhaldista y kirchnerista. Hoy, Mauricio Macri habla de él como un símbolo de los abusos y las mafias. La embestida del Presidente contra este sindicalista fue tan fuerte que el mes pasado tensó la relación del Gobierno con buena parte de la dirigencia gremial.
En 2014, Suárez anunció que buscaría su sexto período al frente del gremio y dijo que lo hacía porque el papa Francisco quería que siguiera por cuatro años más. El destino no se lo permitió. Su sindicato fue intervenido el 18 de febrero pasado.
Desde entonces, los documentos a los que accedieron los interventores hicieron que el fiscal Gerardo Pollicita ampliara la investigación contra Suárez por delitos más graves que aquellos del primer procesamiento. También, que Canicoba lo llamara a esta nueva indagatoria.

Fuentes judiciales relataron a LA NACION que hoy tienen pruebas, por ejemplo, de que Suárez extorsionaba a empresas pidiéndoles donaciones para supuestos cursos de capacitación de afiliados y derivaba fondos a una sociedad anónima llamada San Jorge Marítima, que tenía a Suárez entre sus directores y pertenecía en un 20% al gremio y el resto, a privados. También hay pruebas de que exigía documentación a los buques, arrogándose una autoridad que no tenía, bajo amenaza de no enviarles a los remolcadores.

Por los nuevos cargos, el juez lo había citado a declarar ayer, pero la indagatoria no se concretó. La defensa de Suárez presentó un escrito en el que dijo que uno de sus abogados estaba enfermo, acompañó un certificado médico y pidió una postergación. El juez accedió y fijó una nueva cita para el lunes a las 11.

Ayer, Canicoba decidió además enviarle la causa al fiscal para avanzar en la elevación a juicio de la primera parte de este expediente, esa en la que Suárez ya tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por dos delitos: entorpecimiento de las vías navegables y puesta en peligro de la seguridad de una embarcación.

En esta primera parte de la causa, Suárez está procesado por haber ordenado a sus marineros que no remolcaran o que impidieran navegar a gigantescos buques portacontenedores o barcos cargados con millones de litros de combustible, con los consiguientes peligros que eso implicó.

De acuerdo con la hipótesis que se investiga, los barcos de las navieras que se negaban a pagar lo que ilegalmente se les exigía quedaban frenados. Junto con Suárez son investigados otros dos directivos del gremio, Rigoberto Suárez y Jorge Vargas.

Este verano, la decisión de Canicoba de intervenir el SOMU fue un presagio de lo que se avecinaba para la vieja cúpula del sindicato.

Cuando tomó aquella medida, el juez consideró a Suárez "un peligro" para el gremio y sostuvo que la intervención era necesaria "a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos". La gente de Suárez apeló y presentó una queja ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no prosperó. La comisión interventora nombrada entonces estaba integrada por Santiago Viola (designado por el juez), Jorge Alonso (por Triaca) y Gladys González (por el Poder Ejecutivo). Viola es un abogado que este año asumió la defensa de Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez. Fue quien llevó adelante la estrategia de recusación contra el juez Sebastián Casanello por una supuesta visita del magistrado a la quinta de Olivos durante la presidencia de Cristina Kirchner. Viola ya no integra más la comisión. Renunció. Tampoco Alonso. Sólo quedó González, que es diputada nacional de Pro. El juez la ratificó en el cargo.


Ayer, LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Suárez para consultarlo.