Macri tiene nueve días para erradicar las viviendas a la vera del Riachuelo

Publicado el 5 de Febrero de 2011

Por Fernando Pittaro

El juez Federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de hacer cumplir el fallo de la Corte que ordena el saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo, intimó al jefe de gobierno porteño a acatar de forma inmediata la sentencia.
Si en nueve días el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no erradica “total y definitivamente” las viviendas precarias que están a la vera del Riachuelo, dentro del territorio porteño, deberá pagar una multa diaria de su propio patrimonio por cada día de incumplimiento. Esto ocurrirá si Macri no lo hace en forma “efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada”, según lo determinó el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de hacer cumplir el fallo de la Corte que ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo en julio de 2008.
El magistrado, titular del juzgado de Primera Instancia de Quilmes, considera en su resolución judicial que el mandatario porteño no tiene excusas para seguir incumpliendo lo dictado por la Corte, ya que “por las características de la organización política e institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de esperar que dada su mayor independencia en la gestión de la cosa pública demuestre acciones más contundentes en aras de la remediación ambiental, y fundamentalmente en dar respuesta acabada a las decisiones judiciales”. Y la dura crítica a la gestión macrista continúa cuando afirma que “teniendo especialmente en ciernes la existencia efectiva de los fondos necesarios para la concreción inmediata de las obras, sería inadecuado pasar por alto desde la función jurisdiccional tamaña demostración de injustificada inacción”, concluye Armella.
Si bien la resolución trascendió ayer, está fechada el 3 de febrero pasado, tercer día hábil del reinicio de la actividad judicial –luego de la feria de verano– e integra el expediente número 25/09 caratulado “Acumar s/urbanización de villas y asentamientos precarios”.
La resolución intima también a Omar Abboud, titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), a que “en el improrrogable plazo de diez días reformulen el plan de características excepcionales para erradicar total y definitivamente todas las viviendas precarias que se encuentren a la vera del río, en el denominado Camino de Sirga”, especificó Armella.
A su vez, el magistrado le requirió al presidente de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), Juan José Mussi, que “asegure los medios y la provisión efectiva de los fondos necesarios para fijar los plazos y modos de las obras a realizar”.
Armella determinó, además, la colaboración de las fuerzas de seguridad para garantizar que se cumpla con la orden de ejecución y “la preservación de los espacios que progresivamente vayan siendo recuperados a medida que las distintas obras avancen”.
Luis Armella es el magistrado responsable de llevar adelante el cumplimiento del Caso Mendoza, que derivó en el histórico fallo de julio de 2008. Allí, el máximo tribunal estableció plazos precisos y objetivos concretos para sanear la cuenca, que aún siguen sin cumplirse, como los 30 días exigidos para determinar cuántas industrias estaban radicadas a la vera del río.
Desde entonces, Armella lleva un pormenorizado monitoreo de todas las acciones efectuadas en el margen de la cuenca y es el encargado de intimar a las partes que no cumplan lo ordenado por la Corte. El año pasado se transformó en el primer juez argentino en exigirle a un funcionario público pagar de su propio patrimonio multas diarias por el incumplimiento en su gestión. Lo mismo le podría suceder a Mauricio Macri si sigue desoyendo lo determinado por la justicia. En aquella oportunidad, la medida recayó sobre el entonces presidente de ACUMAR y Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, quien llegó a pagar alrededor de 20 mil pesos de multa por su inacción al frente del organismo a cargo de sanear la Cuenca. Luego, el funcionario logró que se la suspendan ya que presentó un nuevo plan de trabajo. Finalmente, y luego de reiteradas críticas sobre su gestión, Bibiloni se alejó del cargo cuando la presidente Cristina Fernández, le pidió la renuncia, el 28 de diciembre de 2010.
En el dictamen que trascendió ayer y obliga a Macri a ejecutar las obras antes del 14 de este mes, la justicia le exige al ACUMAR– autoridad formada por el gobierno porteño, nacional y provincial y encargada de sanear el curso de agua, que publique en su página web de modo detallado y fundado los avances que se vayan logrando.
La intimación se hizo efectiva ya que el 21 de diciembre pasado el juzgado había obligado a las partes afectadas a encarar una solución conjunta e integral con el objetivo de transformarla en políticas de Estado perdurables en el tiempo “con características federales y despojada de coyunturas y resquemores políticos”, argumenta Armella en la segunda página del fallo que se conoció ayer. Pero la Ciudad no hizo nada al respecto.
Tiempo Argentino denunció en varias notas periodísticas la inacción de los tres estados (el nacional, el porteño y el de la provincia de Buenos Aires) que integran el ACUMAR como responsables directos de la dramática situación de las personas que viven a la vera de uno de los ríos más contaminados del mundo (ver recuadro).
Este crítico panorama ambiental y social comprende la Ciudad Autónoma y 14 municipios de la provincia de Buenos Aires a lo largo de 80 kilómetros. Allí se estima que el 40% de la población no tiene cloacas ni agua potable.
La desidia estatal y la negligencia de las más de 20 mil industrias allí radicadas son un combo explosivo para la salud de las 5 millones de personas que están expuestas a más de 70 sustancias químicas puras contaminantes y sin centros de atención toxicológico en la Cuenca. En esa zona, la mortalidad infantil llega al 14,3 cada 100 mil habitantes, casi tres veces más que en Barrio Norte.

Juan B. Vegué