LÍNEA ROCA

El Estado Argentino adeuda más de

U$S 1000 millones por fallos internacionales

Es el monto que surge de un fallo del CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El inicio del conflicto se remonta al default de la deuda en el 2001. La situación irregular con las empresas estadounidenses Azurix y Blueridge fomentaron la decisión por parte del gobierno de Obama de sancionar a la Argentina en los organismos de crédito internacionales.

(La Política Online). Al día de hoy son más de veinte los procesos que aun se encuentran activos en contra del estado argentino por deudas incumplidas. El origen del conflicto se remonta al default de la deuda del 2001, a partir de la cual se iniciaron numerosos litigios. Gran parte de esa deuda fue renegociada, aunque aún se encuentran U$S 6000 millones adeudados a los tenedores de bonos que están en situación irregular. En los últimos meses una parte de los mismos iniciaron acciones para un arbitraje por U$S 4400.

La deuda pública argentina actual suma un total de U$S 156.700. La estrategia de negociación del gobierno le permitió que un 68% de las demandas fueran desactivadas desde el 2001, con lo cual los especialistas calculan que le ha permitido al gobierno nacional ahorrarse unos U$S 30.000 millones.

Los reclamos presentados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) llegan a U$S 16.000 millones. Las principales acreedoras en Estados Unidos, Azurix y Blueridge, suman aproximadamente U$S 400 millones, más intereses. Esta situación fue la que motivó al gobierno de Obama a votar en contra de la Argentina en los mercados de crédito internacionales.

Las empresas extranjeras pueden demandar a la Argentina dado que durante los 90’ el Estado firmó convenios con aquellas compañías que desearan invertir en el país. Estos tratados les garantizaban compensaciones en caso de los eventuales perjuicios que pudieran surgir. En caso de que esto sucediera, se acordaba ir al CIADI para saldar las posibles diferencias. Los fallos que provengan de este organismo, en el que se crean jurados ad hoc para cada caso, son inapelables. Es decir que el estado argentino no tiene la posibilidad de una segunda mediación.

Sin embargo, es sabido que los países no quiebran. Por lo tanto, un incumplimiento de estos fallos, más allá de los argumentos esgrimidos por el gobierno en cada caso, no habilita algún tipo de acción directa contra el país. Y, al ser el Estado el deudor y no un ente privado, los juristas internacionales sólo pueden actuar sobre los bienes de uso que estén bajo su órbita. Las reservas del Banco Central quedan excluidas, como así también las embajadas. 

El valor de los bienes estatales que puedan llegarse a “expropiar” es casi irrelevante. Es por ello que los Estados Unidos buscan sanciones por medio de organismos internacionales, y por lo que es probable que realice lobby para que más países sumen su voto negativo hacia la Argentina.