El nuevo contexto económico / Instrucciones
de la Casa Rosada
a los intendentes
Apura el Gobierno la quita
de subsidios en el conurbano
De Vido delegó tareas en los municipios
para aplicar los ajustes en los servicios y el transporte.
Por Jesica
Bossi | LA NACIÓN.- El Gobierno bajó órdenes precisas para
avanzar lo más rápido posible en la quita de subsidios a los servicios públicos y, a la vez,
amortiguar su impacto en el corazón del conurbano. Ese fue el mensaje que se
impartió en dos encuentros en el piso 11 del Ministerio de Planificación para
adoctrinar a intendentes bonaerenses. Se los convocó a "militar" por
la instrumentación del recorte, a confeccionar informes con las zonas más
acomodadas, para excluirlas del beneficio y a participar del operativo de
distribución de tarjetas SUBE, paso ineludible para poder aumentar las tarifas
del transporte.
A casi un mes
del primer anuncio de los recortes, Cristina Kirchner busca respaldo concreto
para agilizar la puesta en marcha del nuevo esquema en un contexto económico
que emerge complicado. A pedido de la Casa Rosada , los jefes comunales se
comprometieron a desplegar campañas para
lograr la mayor cantidad de renuncias voluntarias a subsidios en luz, agua y
gas, y en los próximos días deberán elevar un mapeo detallado de los barrios
que consideren que no necesitarán conservar la ayuda estatal, confiaron a LA NACION fuentes nacionales y
municipales.
En las
reuniones, el ministro Julio De Vido hizo
una promesa clave: a cambio del apoyo, parte de los fondos que se recuperen por
la poda de subsidios serán devueltos en obras públicas en los municipios. Se
barajaron, por ejemplo, ampliación de las redes de agua potable y cloacas.
En el Gobierno
confirmaron a LA NACION
que darán prioridad a iniciativas que impliquen la contratación de abultado
personal con la premisa de sostener el empleo y no enfriar el consumo.
Habrá otra
tanda de encuentros esta semana, quizá más áspera, entre los equipos técnicos
de los municipios y los del gobierno nacional para afinar detalles del plan. No
fue casual en ambas cumbres, realizadas el martes y miércoles pasados, la
presencia del secretario de Obras Públicas, José López, encargado del monitoreo
fino de los proyectos de infraestructura en el Gran Buenos Aires.
En la cabecera
de la mesa también estuvieron, aunque con menos protagonismo que De Vido, el
ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, y el secretario de
Transporte, Juan Pablo Schiavi. Todos reforzaron ante los barones de la primera
y la tercera sección electoral, las más poderosas, un único concepto para
disputar la "batalla discursiva": promover que no se trata de un
ajuste, sino de un "redireccionamiento" de recursos que no afecta a
los segmentos más vulnerables.
El panorama
inquieta a los jefes comunales que ejecutan, en paralelo, una suba de las tasas
municipales que ronda entre 20 y 25 por ciento. "Se puede complicar la
recaudación. Además, nos convertimos en portadores de malas noticias al tener
que armar las listas de los que no califican para ser subsidiados",
esgrimió, más tarde, uno de ellos. "Esto va a ser gradual para ver hasta
dónde podemos ajustar el cinturón, van a ir midiendo", arguyó otro ante LA NACIÓN.
Igual hubo
enrolamiento estricto en las charlas por las que desfiló más de una veintena de
caciques, como Darío Díaz Pérez (Lanús), Julio Pereyra (Florencio Varela),
Francisco Gutiérrez (Quilmes), Raúl Othacehé (Merlo), Hugo Curto (Tres de
Febrero), Luis Acuña (Hurlingham), Sandro Guzmán (Escobar) y Darío Giustozzi
(Almirante Brown).
MOMENTO PICANTE
En plena
disertación operativa, asomó como momento picante el saludo "cordial"
entre Boudou y el intendente de Tigre, Sergio Massa, su padrino político y ex
amigo con el que hace más de dos años perdió el contacto.
Hasta ahora, la
rebaja de subsidios a empresas de alta rentabilidad y a usuarios residenciales
de Puerto Madero, Barrio Parque y countries implica un ahorro de 4500 millones
de pesos.
A eso, se
sumarán las dimisiones espontáneas vía Internet o telefónica que comenzarán a
ser operativas a partir del 1° de enero.
A partir de
enero, en las zonas de mayores ingresos delineadas por los intendentes, los consumidores
recibirán con las facturas un troquel para indicar si son propietarios o
inquilinos y, además, si necesitan el subsidio.
De ser así,
tendrán que completar una declaración jurada adjunta de 12 ítems para
justificar la solicitud, que, de todas maneras, será evaluada por el Estado.
Los jefes comunales por estas horas evalúan, de acuerdo con los montos de ABL
tributados por área, qué bolsones incluir en los padrones. Sin el beneficio,
esas familias afrontarán boletas hasta tres y cuatro veces más caras. Se da por
sentado que, en este turno o más adelante, la medida envolverá a la clase
media.
Esa información
clave que suministren los municipios se cruzará con las bases de datos que
manejan los funcionarios a cargo del asunto y se girará a las empresas del
rubro.
Otro punto
fuerte de la estrategia oficial es la universalización de la tarjeta SUBE, es
decir, del Sistema Único de Boleto Electrónico, una fase previa para canalizar
nuevos valores para pasajeros, según su capacidad contributiva.
La intención es
que estén activas antes de fin de año unas siete millones de unidades en el
área metropolitana, el doble que en la actualidad (ver aparte). Por eso, ya
requirieron a los intendentes que esta semana precisen, por lo menos, entre
tres y cuatro lugares estratégicos por distrito para colocar bocas de expendio.
La aspiración es propinar a máxima velocidad un shock en los hábitos del
transporte.
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