HESURMET S.A

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domingo, 27 de noviembre de 2011


 Domingo 27 de noviembre de 2011

El nuevo contexto económico / Instrucciones de la Casa Rosada a los intendentes

Apura el Gobierno la quita
de subsidios en el conurbano

De Vido delegó tareas en los municipios para aplicar los ajustes en los servicios y el transporte.

Por Jesica Bossi | LA NACIÓN.- El Gobierno bajó órdenes precisas para avanzar lo más rápido posible en la quita de subsidios a los servicios públicos y, a la vez, amortiguar su impacto en el corazón del conurbano. Ese fue el mensaje que se impartió en dos encuentros en el piso 11 del Ministerio de Planificación para adoctrinar a intendentes bonaerenses. Se los convocó a "militar" por la instrumentación del recorte, a confeccionar informes con las zonas más acomodadas, para excluirlas del beneficio y a participar del operativo de distribución de tarjetas SUBE, paso ineludible para poder aumentar las tarifas del transporte.

A casi un mes del primer anuncio de los recortes, Cristina Kirchner busca respaldo concreto para agilizar la puesta en marcha del nuevo esquema en un contexto económico que emerge complicado. A pedido de la Casa Rosada, los jefes comunales se comprometieron a desplegar campañas para lograr la mayor cantidad de renuncias voluntarias a subsidios en luz, agua y gas, y en los próximos días deberán elevar un mapeo detallado de los barrios que consideren que no necesitarán conservar la ayuda estatal, confiaron a LA NACION fuentes nacionales y municipales.

En las reuniones, el ministro Julio De Vido hizo una promesa clave: a cambio del apoyo, parte de los fondos que se recuperen por la poda de subsidios serán devueltos en obras públicas en los municipios. Se barajaron, por ejemplo, ampliación de las redes de agua potable y cloacas.
En el Gobierno confirmaron a LA NACION que darán prioridad a iniciativas que impliquen la contratación de abultado personal con la premisa de sostener el empleo y no enfriar el consumo.

Habrá otra tanda de encuentros esta semana, quizá más áspera, entre los equipos técnicos de los municipios y los del gobierno nacional para afinar detalles del plan. No fue casual en ambas cumbres, realizadas el martes y miércoles pasados, la presencia del secretario de Obras Públicas, José López, encargado del monitoreo fino de los proyectos de infraestructura en el Gran Buenos Aires.
En la cabecera de la mesa también estuvieron, aunque con menos protagonismo que De Vido, el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Todos reforzaron ante los barones de la primera y la tercera sección electoral, las más poderosas, un único concepto para disputar la "batalla discursiva": promover que no se trata de un ajuste, sino de un "redireccionamiento" de recursos que no afecta a los segmentos más vulnerables.

El panorama inquieta a los jefes comunales que ejecutan, en paralelo, una suba de las tasas municipales que ronda entre 20 y 25 por ciento. "Se puede complicar la recaudación. Además, nos convertimos en portadores de malas noticias al tener que armar las listas de los que no califican para ser subsidiados", esgrimió, más tarde, uno de ellos. "Esto va a ser gradual para ver hasta dónde podemos ajustar el cinturón, van a ir midiendo", arguyó otro ante LA NACIÓN.
Igual hubo enrolamiento estricto en las charlas por las que desfiló más de una veintena de caciques, como Darío Díaz Pérez (Lanús), Julio Pereyra (Florencio Varela), Francisco Gutiérrez (Quilmes), Raúl Othacehé (Merlo), Hugo Curto (Tres de Febrero), Luis Acuña (Hurlingham), Sandro Guzmán (Escobar) y Darío Giustozzi (Almirante Brown).

MOMENTO PICANTE

En plena disertación operativa, asomó como momento picante el saludo "cordial" entre Boudou y el intendente de Tigre, Sergio Massa, su padrino político y ex amigo con el que hace más de dos años perdió el contacto.
Hasta ahora, la rebaja de subsidios a empresas de alta rentabilidad y a usuarios residenciales de Puerto Madero, Barrio Parque y countries implica un ahorro de 4500 millones de pesos.
A eso, se sumarán las dimisiones espontáneas vía Internet o telefónica que comenzarán a ser operativas a partir del 1° de enero.

La Casa Rosada apuesta a captar bajas masivas antes de esa fecha, una meta que parece complicada de acuerdo con los primeros datos: apenas 10.000 personas renunciaron desde el lunes.

A partir de enero, en las zonas de mayores ingresos delineadas por los intendentes, los consumidores recibirán con las facturas un troquel para indicar si son propietarios o inquilinos y, además, si necesitan el subsidio.
De ser así, tendrán que completar una declaración jurada adjunta de 12 ítems para justificar la solicitud, que, de todas maneras, será evaluada por el Estado. Los jefes comunales por estas horas evalúan, de acuerdo con los montos de ABL tributados por área, qué bolsones incluir en los padrones. Sin el beneficio, esas familias afrontarán boletas hasta tres y cuatro veces más caras. Se da por sentado que, en este turno o más adelante, la medida envolverá a la clase media.
Esa información clave que suministren los municipios se cruzará con las bases de datos que manejan los funcionarios a cargo del asunto y se girará a las empresas del rubro.

Otro punto fuerte de la estrategia oficial es la universalización de la tarjeta SUBE, es decir, del Sistema Único de Boleto Electrónico, una fase previa para canalizar nuevos valores para pasajeros, según su capacidad contributiva.
La intención es que estén activas antes de fin de año unas siete millones de unidades en el área metropolitana, el doble que en la actualidad (ver aparte). Por eso, ya requirieron a los intendentes que esta semana precisen, por lo menos, entre tres y cuatro lugares estratégicos por distrito para colocar bocas de expendio. La aspiración es propinar a máxima velocidad un shock en los hábitos del transporte. 

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