El Gobierno no informa sobre los
fondos entregados a Madres
Tras varios pedidos, el ministerio de Planificación respondió a través de Luis Bontempo los reclamos de acceso a la información para conocer qué ONGs recibieron partidas del Estado para la construcción de viviendas sociales. Pero casualmente en el largo listado entregado no aparece la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Después de dos intentos sin respuesta, finalmente el ministerio de Planificación respondió a través de Luis Bontempo –subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda– los pedidos de acceso a la información para conocer qué organizaciones no gubernamentales recibieron partidas del Estado para la construcción de viviendas sociales. La contestación, sin embargo, tiene un dato llamativo: en el largo listado de ONG citadas por Bontempo no aparece la Fundación Madres de Plaza de Mayo, destinataria de 765 millones de pesos provenientes de partidas públicas que aún tienen origen desconocido, según informa el diario Clarín.
Bontempo es nada menos que el funcionario a cargo de los planes de vivienda junto a su superior, Abel Fatala y al secretario de Obras Públicas, José López. Los tres trabajan bajo la órbita del ministro Julio De Vido. Bontempo y Fatala fueron los funcionarios que asistieron a dar explicaciones al Congreso cuando se hizo público el escándalo administrativo en la Fundación de las Madres.
El 8 de junio pasado, con los desmanejos expuestos ante la luz pública, el Gobierno dio por primera vez alguna información sobre cuánto era el dinero en juego para el plan “Sueños compartidos”: se trata de algo más de 1.200 millones de pesos para construir 4.165 casas, 23 centros de salud en Chaco y 3 hospitales. Desde 2008, dijeron los funcionarios, le entregaron a la entidad 765 millones de pesos. Los “otros 500 millones” serían pagados a medida que avancen las obras.
En aquella reunión en el Congreso, sin embargo, no hubo detalles sobre qué partida presupuestaria contuvo y contiene ese convenio ni tampoco se precisaron las distintas transferencias de esas partidas desde que comenzó el plan. Con intención de aclarar esos puntos oscuros, la diputada nacional del PRO y ex directora de Poder Ciudadano, Laura Alonso escribió en junio un pedido de acceso a la información pública dirigido a De Vido para obtener esa respuesta. Fue el 16 de junio y tras los diez días hábiles estipulados por la ley, volvió a insistir el 6 de julio. Tampoco tuvo resultados, con lo cual a comienzos de agosto decidió ir a la justicia con un recurso de amparo. En medio de ese proceso, llegó la respuesta de Planificación firmada por Bontempo: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle en planillas adjuntas, la información requerida”, decía el funcionario.
En ese material, al que accedió Clarín, Bontempo consigna obras con diversas ONG del todo el país especificando bajo qué programa se incluyen, en qué año se hicieron, con qué montos, bajo qué partidas presupuestadas y con qué objetivos. Hay un plan “Mejor Vivir” y se destaca sobre todo el programa de Viviendas Cáritas Argentina con detalles de transferencias desde 2004 hasta 2009.
Sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo no hay nada. Ni una línea. Ante esa falta de información, la diputada insistirá ahora para intentar obtener un dato que aún no es claro ni para la Justicia. Entre los expedientes judiciales surgidos del escándalo por el manejo del dinero de la Fundación , el que investiga el rol del Estado como contralor en el convenio con las Madres es el que llevan adelante juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Miguel Osorio. Ante el Congreso y en presentaciones judiciales, el Gobierno nacional sostuvo que si hubo irregularidades en la ejecución de estos planes, se dieron “fuera del sistema”. Desmintieron también haber tenido falencias en el seguimiento de esas partidas.
Las palabras de Bontempo y Fatala en aquella presentación frente a la comisión de Vivienda de Diputados también fueron puestas en duda por Sergio Schoklender quien aseguró que lejos de no estar involucrados en el control de estos planes, los funcionarios seguían de cerca el avance de las obras en todo el país.
Bontempo es nada menos que el funcionario a cargo de los planes de vivienda junto a su superior, Abel Fatala y al secretario de Obras Públicas, José López. Los tres trabajan bajo la órbita del ministro Julio De Vido. Bontempo y Fatala fueron los funcionarios que asistieron a dar explicaciones al Congreso cuando se hizo público el escándalo administrativo en la Fundación de las Madres.
El 8 de junio pasado, con los desmanejos expuestos ante la luz pública, el Gobierno dio por primera vez alguna información sobre cuánto era el dinero en juego para el plan “Sueños compartidos”: se trata de algo más de 1.200 millones de pesos para construir 4.165 casas, 23 centros de salud en Chaco y 3 hospitales. Desde 2008, dijeron los funcionarios, le entregaron a la entidad 765 millones de pesos. Los “otros 500 millones” serían pagados a medida que avancen las obras.
En aquella reunión en el Congreso, sin embargo, no hubo detalles sobre qué partida presupuestaria contuvo y contiene ese convenio ni tampoco se precisaron las distintas transferencias de esas partidas desde que comenzó el plan. Con intención de aclarar esos puntos oscuros, la diputada nacional del PRO y ex directora de Poder Ciudadano, Laura Alonso escribió en junio un pedido de acceso a la información pública dirigido a De Vido para obtener esa respuesta. Fue el 16 de junio y tras los diez días hábiles estipulados por la ley, volvió a insistir el 6 de julio. Tampoco tuvo resultados, con lo cual a comienzos de agosto decidió ir a la justicia con un recurso de amparo. En medio de ese proceso, llegó la respuesta de Planificación firmada por Bontempo: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle en planillas adjuntas, la información requerida”, decía el funcionario.
En ese material, al que accedió Clarín, Bontempo consigna obras con diversas ONG del todo el país especificando bajo qué programa se incluyen, en qué año se hicieron, con qué montos, bajo qué partidas presupuestadas y con qué objetivos. Hay un plan “Mejor Vivir” y se destaca sobre todo el programa de Viviendas Cáritas Argentina con detalles de transferencias desde 2004 hasta 2009.
Sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo no hay nada. Ni una línea. Ante esa falta de información, la diputada insistirá ahora para intentar obtener un dato que aún no es claro ni para la Justicia. Entre los expedientes judiciales surgidos del escándalo por el manejo del dinero de la Fundación , el que investiga el rol del Estado como contralor en el convenio con las Madres es el que llevan adelante juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Miguel Osorio. Ante el Congreso y en presentaciones judiciales, el Gobierno nacional sostuvo que si hubo irregularidades en la ejecución de estos planes, se dieron “fuera del sistema”. Desmintieron también haber tenido falencias en el seguimiento de esas partidas.
Las palabras de Bontempo y Fatala en aquella presentación frente a la comisión de Vivienda de Diputados también fueron puestas en duda por Sergio Schoklender quien aseguró que lejos de no estar involucrados en el control de estos planes, los funcionarios seguían de cerca el avance de las obras en todo el país.
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