Al final, el municipio de Chascomús deberá pagar 100 millones de pesos a dos vecinas ganadoras de una rifa que se realizó hace 21 años por un campo que, por distintas irregularidades, nunca pudieron escriturar. Así lo decidió la Corte Suprema de la Nación, al rechazar un recurso presentado por esa comuna, que tras una larga controversia judicial, ahora deberá afrontar una deuda que pone jaque su situación económica y financiera.
Tras conocer la resolución, el intendente, Javier Gastón, ya puso en marcha una serie de reuniones con el Ejecutivo provincial y la Legislatura, a fin de tener colaboración frente a un pago que considera “impracticable” y que “compromete gravemente el funcionamiento del municipio y la vida cotidiana de los chascomunenses”.
La historia se remonta a 1995, cuando tres escuelas rurales pidieron autorización al municipio, a cargo del entonces intendente, Juan Carlos Salas, para efectuar un sorte de 1.000 números cuyo premio era una fracción de terreno de 327 hectáreas, valuado en 15 mil dólares cada una, del que dos vecinas resultaron beneficiadas.
Pero las ganadoras no pudieron escriturar el bien a su nombre porque la gestión comunal de ese momento cometió dos irregularidades: la de permitir la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por ordenanza, y la de no verificar que el campo estuviese escriturado, ya que el inmueble sólo contaba con un boleto de compra venta, tramitado por un particular quien había comprado el campo y organizado la rifa y quien antes del sorteo hipotecó el inmueble, que tiempo después resultó rematado judicialmente y hoy está en manos de otro propietario ajeno a la cuestión.
Por eso, las dos vecinas que no pudieron cobrar el premio iniciaron en 1998 una acción judicial a la comuna, que, según entendió la Justicia, tras las irregularidades, debe responder solidariamente por la situación pagando, en un cálculo actualizado, unos 100 millones de pesos.
Luego de haber atravesado todas las instancias judiciales, el municipio presentó en la gestión anterior un recurso extraordinario ante la Corte de la Nación, que concluyó en el rechazo.
Si bien una de las dos demandantes falleció este año, sus herederos serán los acreedores de la cifra que les corresponde por el premio y la indemnización.
El viernes, la administración del nuevo intendente, Javier Gastón, fue notificada de la resolución, sin saber cómo hará frente a un pago que le resulta “imposible” con una gestión que, tras el golpe que representó la separación de Lezama en 2009, cuenta con un presupuesto anual de 400 millones de pesos y un déficit de 35 millones.
UNA “SALIDA POLITICA”
En diálogo con EL DIA, ayer, Gastón explicó que esta semana matendrá reuniones con funcionarios de María Eugenia Vidal, y también con diputados y senadores. Lo que reclama es que frente a la “adversidad” financiera de la Comuna y la decisión de la última instancia de la Justicia exista “una salida política”.
En ese sentido, explicó que si bien la Justicia ordenó que el pago por el valor del campo en su cotización actual sumado a daños y costos debe hacerlo el Municipios, “también es cierto que el Consejo Escolar autorizó en ese momento la rifa, por lo que la Provincia es en parte responsable”.
Al mismo tiempo, señaló que “en el momento en que ocurrió el hecho irregular Lezama formaba parte de Chascomús”, por lo que “también debería hacerse cargo”.
Por eso, Gastón hizo hincapié en que desde que el municipio se dividió “no se creó aún en la Legislatura la comisión bicameral para dividir los bienes y las deudas”. Para esto, es que, además de mantener un encuentro con el subsecretario de Relaciones Comunales de la Provincia, Alex Campbell, también reclame la concreción del traspaso de bienes y acreencias a las dos cámaras legislativas.
“Estamos pagando por los errores que cometieron en otras administraciones, pero no nos queda otra que buscar la salida política para hacernos cargo sin comprometer a todos los vecinos”, concluyó.
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