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ATLETISMO ESCOLAR
Más de 800 jóvenes del Municipio de
Almirante Brown participaron en
competencias atléticas.
Esta actividad,
explicó el subsecretario de Deportes, Germán
Bonnemezón, apunta “a
promocionar el desarrollo de actividades deportivas en los jóvenes del
municipio, lo que es un instrumento fundamental para lograr el desarrollo
integral de cada uno de ellos”.
El funcionario
destacó el acompañamiento de las escuelas a las diferentes propuestas que
ofrece el Gobierno Municipal, una de las claves para la gran convocatoria de
las diversas actividades deportivas del municipio.
Los jóvenes
participaron de competencias de lanzamiento, velocidad y salto en largo y
carrera a través del campo. Con esta actividad, los chicos adquieren
experiencia para competir en los Juegos BA, donde el municipio de
Almirante Brown ha logrado importantes resultados en las variadas competencias.
Cabe destacar que
este encuentro atlético se suma al triatlón de primaria que se realiza en el
mes de noviembre con más de 6000 chicos que no tienen los años para participar
en los Juegos Provinciales y que, de esta manera, comienzan a tener
experiencias en competencias deportivas.
Agencia Municipal de
Información y Comunicación Institucional
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Miércoles 16 de mayo de 2012
Télam.-
La iniciativa establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos
los trámites y obligaciones cívicas e incluye la entrega de troqueles a los
votantes como constancia de emisión de su voto, entre otras modificaciones.
La iniciativa
logró 41 votos a favor y 22 en contra, y fue respaldada por el bloque del
Frente para la Victoria
y sus aliados, mientras que votaron en contra el radicalismo, el justicialismo
disidente, el FAP y la
Coalición Cívica.
Según la Constitución Nacional ,
la norma debía ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara o sea 37 votos.
El proyecto
establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites
y obligaciones cívicas y la entrega de troqueles a los votantes como constancia
de emisión de su voto, entre otras cuestiones.
La iniciativa hace
hincapié en la
Reforma Política “tendiente a brindar a la ciudadanía un
sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el
electorado”, que comenzó con la implementación de las Elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año pasado.
El texto
establece, entre otras cuestiones, multas de 50 a 500 pesos para quienes no
emitan su voto, en el caso de los ciudadanos que no justifiquen este accionar
dentro del plazo de los 60 días posteriores al de la elección.
El infractor que
no haya pagado la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año
ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la ciudad autónoma
de Buenos Aires o municipales”.
Asimismo, la
iniciativa propone que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrá
ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura
inscripto en el padrón electoral y establece que las autoridades de mesa
deberán figurar en el padrón en la mesa para la cual sean designados.
Además, la norma
establece que los empleados de la administración pública nacional o municipal
que no presenten a sus superiores inmediatos la constancia de la emisión del
voto al día siguiente de la elección, “serán sancionados con una suspensión de
hasta 6 meses”, mientras que en caso de reincidencia podrán llegar a la
cesantía.
El proyecto fue
defendido por el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, quien
dijo que se busca “facilitarle la vida a los argentinos”.
“Esta es una norma
sencilla que sólo trae la mejora de un sistema”, aseguró Fuentes y fustigó “los
cuestionamientos que se hicieron en torno a esta presunta `persecución`”.
El senador
bonaerense Aníbal Fernández dijo que “lo que estamos definiendo es algo nuevo
en el marco de seguir creciendo” y sentenció que “es un verso que digan que se
roban las boletas”.
“¿Cómo se le roba
una boleta si cada cuatro votos están revisando el cuarto oscuro?”, preguntó
Fernández.
Además, el senador
bonaerense dijo que “esta libreta (por el DNI) no sirve para nada, nunca sirvió
para nada”, y subrayó que “cuando las críticas lesionan al poder formal lo que
se conseguía siempre era mellar, romper, para que sea los que no tienen la
responsabilidad de representantes de la voluntad popular que tomen decisiones
por nosotros”.
En cambio, el
titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, dijo que “si esto no se veta o
el oficialismo no rechaza el artículo (que impone castigos por no votar) esto
es un apriete”.
“Se está
discriminando y castigando a los trabajadores del Estado”, afirmó.
El senador
chubutense Mario Cimadevilla dijo que no compartía “esta sanción al empleado
público que no vaya a votar” y agregó que “no se puede castigarlo de manera
distinta que a los demás”.
El socialista
Rubén Giustiniani, en tanto, consideró que “es grave que a esta reforma la vote
solamente el partido del gobierno” y preguntó: “¿para qué se gastaron mil
millones de pesos para hacer 14 millones de DNI si ya no sirven?”
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Miércoles 16 de mayo de 2012
El juez unificó
la causa Ciccone con la
investigación a Boudou por enriquecimiento ilícito
Lijo declaró la conexidad entre ambos
expedientes; el fiscal Rívolo fue apartado y Jorge Di Lello quedó a cargo de la
investigación.
En la causa de la
ex Ciccone, Boudou está investigado por presunta incompatibilidad con la
función pública, al favorecer a allegados suyos para la adquisición de la
imprenta, que volvió a imprimir billetes tras el escándalo.
En tanto, Di Lello
imputó el pasado martes al vicepresidente Amado Boudou un presunto
"enriquecimiento ilícito". En esa investigación también quedaron imputados
Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, el monotributista que preside la
nueva Ciccone y la periodista Agustina Kampfer, la novia del vicepresidente,
con quien convive en Puerto Madero.
En dicho operativo
se determinó que el monotributista Vandenbroele, había pagado el cable y las
expensas de la propiedad. Además, LA
NACION conoció que fue titular de una línea de teléfono fijo.
Lijo reemplaza a
Daniel Rafecas, separado del expediente por la Cámara Federal el
pasado 26 de abril a pedido de José María Núñez Carmona, socio del vicepresidente
y otro de los investigados.
Núñez Carmona
también había recusado al fiscal Rívolo y Lijo debía decidir sobre su
continuidad. El abogado del empresario, Diego Pirota, había recusado al fiscal afirmando
que violó el secreto de sumario cuando la Justicia allanó un departamento perteneciente a
Boudou en Puerto Madero.
Pero hoy el
magistrado unificó el expediente de Ciccone con la nueva causa abierta al
vicepresidente por presunto enriquecimiento ilícito y de esta manera, la
investigación recayó sobre Di Lello.
Todos ellos fueron
señalados en la denuncia, realizada por el periodista Christian Sanz, que dio
origen a la causa.
En su
requerimiento en la investigación por enriquecimiento ilícito, Di Lello pidió
varias medidas de prueba. Pidió además extender la pesquisa a 13 empresas y a
"quienes podrían estar involucrados como accionistas o integrantes"
en ellas, según informaron fuentes judiciales.
La nómina de las
firmas bajo investigación incluye a Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat
Natural firmas cuyos dueños son Boudou y Núñez Carmona, mitad cada uno, según
declaró el vicepresidente.
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Miércoles 16 de mayo de 2012
Se cayó la sesión para aprobar
el impuestazo bonaerense
El oficialismo no logró reunir quórum para
tratar una iniciativa clave para el gobierno de Scioli.
En medio de la
creciente tensión política que atraviesa la provincia de Buenos Aires, el
oficialismo no pudo esta tarde reunir quórum para tratar la suba de tributos bonaerenses.
La iniciativa, que generaba disgusto en los sectores rurales, estipula un
fuerte revalúo de las tierras.
El debate movilizó
al sector rural, que se opone al "impuestazo", e intendentes, que
avalan la sanción de la ley en busca de más fondos. También marchó la
agrupación Quebracho. Para evitar incidentes, la policía bonaerense dispuso un
inmenso operativo de seguridad que comprenderá unos 400 efectivos.
La votación del
denominado impuestazo requería la mayoría simple de los diputados presentes en
el recinto. Al bloque mayoritario del Frente para la Victoria (FpV) le
faltaban cuatro diputados. Aunque se estipulaba que el oficialismo aprobaría el
proyecto, el FpV no reunió el quórum.
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Miércoles 16 de mayo de 2012
Piden explicaciones al Gobierno por las
irregularidades en el control del SUBE
La oposición impulsa un pedido de informe
en Diputados para que el Ejecutivo explique por qué contrató una oferta 10
millones más cara.
La oposición
pedirá explicaciones al Gobierno por la sospechosa licitación para supervisar
el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Los bloques de Pro, Coalición
Cívica y Frente Peronista presentarán un pedido de informe en la Cámara de Diputados para
que el Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido esclarezca las
maniobras en la licitación para auditar el SUBE reveladas por LA NACION.
El proyecto de resolución
impulsado por los diputados Federico Pinedo, Gladys González, Graciela Ocaña,
Laura Alonso, Eduardo Amadeo, Pablo Tonelli, Patricia Bullrich, Paula Bertol
indaga sobre "los argumentos técnicos que fundamentaron la
adjudicación" en favor del consorcio compuesto por Global Infrastructure
SA (GI), IRV SA, Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA), al
considerar que la diferencia entre las ofertas era "sólo" de 2 puntos
sobre 100. Y cuestiona "si la diferencia de puntaje representa los
$9.800.000 de diferencia de costos" entre las propuestas.
En los fundamentos
del pedido de informe, la diputada Gladys González (Pro) exige además que se
especifiquen cuáles son las funciones de la auditoría del SUBE, que cuenta con
un presupuesto de $65 millones.
La auditoría del
SUBE, clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto electrónico,
se gestó entre irregularidades. Pese a que el proceso contó con seis empresas
interesadas, la secretaría de Transporte no eligió la oferta más económica: una
prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta $10 millones
más barata, pero el Estado eligió a otro consorcio. Las dos ofertas más
competitivas fueron calificadas con un "muy bueno", pero se decidió
pagar un 25% más por el mismo trabajo.
La diferencia más
importante entre ambas propuestas fue el millonario sueldo de los ejecutivos,
que en algunos casos rozan los 2 millones de dólares por los 48 meses de
contrato: 40.000 dólares mensuales. Sólo en el rubro "sueldos" existe
una diferencia de 7,5 millones de pesos entre las ofertas.
Pese a que contó
con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, la secretaría de
Transporte no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un
engorroso trámite para millones de argentinos.
"Durante
cuatro años trataron de imponer el SUBE. Antes del accidente de Once era
prioridad y ahora pasó a segundo plano. Ahora queremos saber qué se está
haciendo y por qué se mantiene cierto niveles de gastos si el sistema todavía
no funciona plenamente en todos los medios de transporte", aseguró la
diputada Ocaña.
Y cuestionó el
proceso para supervisar el boleto electrónico: "Jamás hubiese permitido
que un funcionario aceptara una propuesta $10 millones más cara. Claramente hay
una diferencia muy sustancial. Me cuesta creer que no haya estado
dirigida".
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