LÍNEA ROCA

La Cámara de Diputados busca declarar la memoria histórica como derecho individual y colectivo

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados buscará avanzar esta semana en un proyecto del Poder Ejecutivo que propone declarar a la memoria histórica como derecho individual y colectivo, para facilitar el conocimiento de los hechos y consecuencias del terrorismo de Estado.

La comisión, que preside la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, citó a los diputados para el martes a las 13 para tratar esta iniciativa que el Poder Ejecutivo presentó a fines del 2010, y que ya fue analizada por los asesores de los legisladores que integran el cuerpo.

El debate de esta iniciativa -junto con otro proyecto que crea el Consejo Federal de Altas Autoridades de Derechos Humanos- se enmarca en la política del gobierno nacional iniciada en 2003 de protección, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.

"Va a haber dictamen porque es un tema en el que hay bastante consenso. Hubo acuerdo en asesores, así que creo que se va a poder avanzar" adelantó Donda en declaraciones a Télam, quien reveló que propondrá votar en la próxima sesión un proyecto para expresar "preocupación" por la dilación en el caso de Noble Herrera.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Remo Carlotto, consideró que el reconocimiento de la memoria como derecho individual y colectivo "es esencialmente la instauración de algo que nos comprometimos con el CELS de considerar a los juicios por delitos de lesa humanidad como política de Estado".

Según explicó Carlotto a Télam, a partir de esta iniciativa, "se van a dar mayores herramientas para conocer más documentación y la construcción de un archivo más consolidado", al destacar que a través de la norma se ratifica por ley la creación del Archivo Nacional de la Memoria, establecido por decreto en 2003.

"De esta manera, se pasa de la decisión política a que sea una política de Estado y que no dependa de la voluntad del PEN sino que esté apuntalado a través de una ley la política de fortalecimiento y protección de los derechos humanos", enfatizó el legislador del Frente para la Victoria.

Desde el radicalismo, en tanto, el diputado y titular del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, consideró que se trata de "una iniciativa valiosa para mantener el registro de la memoria de un pueblo, ya que se necesita de la memoria para construir un futuro".

Sin embargo, el radicalismo pedirá analizar con mayor profundidad los alcances del texto, ya que consideran que "se crea una nueva figura y nuevas estructuras con financiamiento propio, que merecen ser estudiadas con más detalle".

El proyecto del PEN pro­pone reconocer "el derecho individual y colectivo de todas las personas a la titularidad y al ejercicio de le memoria histórica y la plena vigencia del derecho a la verdad" y que se proclame "el deber del Estado nacional, en todas sus jurisdicciones, de contribuir o preservar la memoria colectiva y de suministrar in­formación que los órganos competentes soliciten.

Para ello, la iniciativa considera "imperativo impulsar acciones de recupe­ración de documentación y testimonios y de resguardo de la integridad de todo lo existente y lo que se halle en el futuro, como también declarar el reconocimiento histórico a todas aquellas personas que sufrieron per­secución por razones de índole ideológica, política, gremial o religiosa".

La otra iniciativa, que tiene previsto debatir la comisión en su reunión del martes, impulsa la creación del Consejo Federal de Altas Autoridades en Derechos Humanos, cuyo objetivo será acordar políticas públicas en las distintas provincias, y cooperar con la Secretaría de Derechos Humanos en las denuncias de casos.

De acuerdo al proyecto, el organismo buscará propiciar la jerarquización de las áreas de derechos humanos y fomentar la creación de instituciones gubernamentales de derechos humanos, procurando que alcancen rango de Secretaría de Estado, en aquellas provincias donde no lo tengan aún.

Entre otras cuestiones, ese Consejo buscará articular la promoción y protección de los derechos humanos en cada provincia del país y en la ciudad de Buenos Aires "a fin de acordar políticas comunes y acciones conjuntas", en ese sentido.