CAMBIOS
Se negaron a presentar su declaración jurada de
bienes, una obligación que alcanzó a 6.341 oficiales. Es la mayor suspensión de
superiores desde que Vidal asumió la gobernación.
Los informaron. Luego los intimaron. Después tuvieron cinco
días de suspensión. Pero no fue suficiente. El gobierno bonaerense de María
Eugenia Vidal decidió echar a 58 policías que ocupan cargos jerárquicos en la
Bonaerense por no presentar su declaración jurada de bienes. Es la mayor
cantidad de cesanteados, de una sola vez, desde que asumió Cambiemos en la
Provincia.
Además, se trata de una exigencia obligatoria para todos los
funcionarios provinciales tras el Decreto 116 que firmó la gobernadora en
abril. A raíz de eso, se fue ampliando el plazo para que todos los comisarios y
subcomisarios comenzaran a realizar sus presentaciones. Sin embargo, el
Ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Cristian Ritondo detectó 58
casos en los que no se presentó ninguna documentación vinculada al patrimonio a
enero.
La nómina de policías que dejarán de formar parte de la
fuerza se compone de:
- 1 comisario mayor;
- 3 comisarios inspectores;
- 14 comisarios;
- 37 subcomisarios;
- 2 oficiales principales y 1 inspector.
Según fuentes oficiales, la gran mayoría se desempeña en el
Conurbano, La Plata y Quilmes.
Además de ello, fueron denunciados en la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) y ante la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac), para que puedan cotejar si hay
denuncias sobre ellos.
La decisión, que se mantuvo en estricta reserva, se tomó en
los últimos días tras una serie de reuniones en las que participaron Vidal,
Ritondo, el jefe de Gabinete Federico Salvai, y el jefe de Asuntos Internos, el
abogado Guillermo Berra. En la última, una reunión de seguimiento de gestión,
aún restaban 129 policías de los que no constaba trámite alguno. Por ello,
todos ellos fueron suspendidos cinco días en sus funciones con el
correspondiente descuento en su salario. Fue en septiembre, luego de las
intimaciones y las numerosas advertencias que realizó el Ministerio de
Seguridad.
“¿No presentaron nada todavía? Hay que sacarlos entonces”,
les dijo Vidal. Ritondo respondió que faltaba un último trámite: averiguar si,
además de Asuntos Internos, habían realizado alguna presentación en la Escribanía
de la Provincia. Efectivamente algunos lo habían hecho. De allí que la cifra
final alcanzó a 58 policías. Los otros 71 serán sancionados por una falta
grave: estaban obligados a presentar sus DDJJ en Asuntos Internos también.
Antecedentes. En este contexto, Berra, un hombre de máxima
confianza de Vidal con quien trabaja desde 2008, cuando fue su director de
Legal y Técnica en el entonces Ministerio de Desarrollo Social porteño, ya
venía acumulando información sobre los sumarios administrativos para poder
exonerar a quienes no presenten sus informes y que no haya ningún resquicio
legal para que intenten regresar a la fuerza mediante un amparo y algún juez
“permisivo”.
En este marco, tanto el ministro como los funcionarios de
Seguridad, los viceministros Matías Ranzini (quien maneja el diálogo con los
intendentes) o Tito Ventura Barreiro (quien tiene a su cargo las policías
locales) suelen evitar la palabra “purga”. Aseguran que las purgas que se
realizaron en el pasado no funcionaron y que, en todo caso, son
reestructuraciones para sanear la fuerza. “No hay que enviar un mensaje, acá no
hay caza de brujas, hay casos puntuales y concretos”, asegura Ritondo.
La reforma de la Policía Bonaerense fue uno de los temas más
delicados que encaró Vidal no bien llegó a La Plata. Por ello tomó tres
decisiones claves:
◆
Obligar a presentar las declaraciones juradas desde el rango de
subcomisario en adelante. Un requisito inédito para la fuerza.
◆
Rearmar el esquema de Departamentales para achicarlas y rediseñar
su funcionamiento. La frase genérica en Seguridad era: “Hay más caciques que
indios”. Incluso había comisarios con funciones duplicadas, o varios superiores
para un mismo jefe de calle.
◆ El pase a manos de un civil
del jefe de Asuntos Internos y de la administración (Ignacio Greco). Es
decir, el manejo de los adicionales (horas Polad), las compras y las plantas
verificadoras de vehículos, donde se detectaron diversas irregularidades.
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