Confirmaron el procesamiento de Aníbal Fernández por el plan
Qunita.
Fernández quedó procesado porque junto a Gollan fueron los
firmantes de la adjudicación de la licitación para proveer los kits con
productos a madres de recién nacidos beneficiarias de planes sociales, que
según la Cámara fue direccionada, con pago de sobreprecios y entregada a
empresas sin experiencia en el rubro.
El trámite de la licitación estuvo "plagado de
irregularidades", advirtieron los camaristas Martín Irurzun, Eduardo
Cattani y Eduardo Farah, al confirmar los procesamientos dictados por el juez
federal Claudio Bonadio.
Y destacaron que el plan Qunita fue derogado por el actual
gobierno a través de la resolución 454 del Ministerio de Salud ante informes
sobre la "peligrosidad de algunos elementos" del kit para los recién
nacidos.
Las irregularidades significaron "un perjuicio
económico considerable a las arcas del Estado en tanto permitieron la
afectación abusiva de una partida presupuestaria por un monto de $
1.097.259.250 (para 140.000 kits) cuando la prevista originalmente para la
operación era de $ 675.000.000 (para 150.000 kits)", según la resolución.
La Cámara confirmó embargos hasta cubrir la suma de 440
millones de pesos para Fernández y otros procesados por los delitos de
"fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y
violación de los deberes de funcionario público".
En cuanto al ex ministro de Salud Juan Manzur la Cámara
revocó el procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadio y lo dejó
con falta de mérito por falta de pruebas, decisión que benefició además a
miembros de la dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo.
A los procesados se les imputan las irregularidades en el
proceso de licitación del plan, por lo cual se confirmó además el procesamiento
a los empresarios de las seis firmas que la ganaron.
"Tampoco es un dato menor que las empresas adjudicadas
no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados, sino que,
por el contrario, tenían objetos sociales relacionados a los rubros de la
construcción, gráfico, informático o inmobiliario, entre otros; y presentaban
un volumen comercial muy por debajo de los montos de la licitación",
advirtió la Cámara.
La causa se inició por una denuncia de la diputada Graciela
Ocaña en junio de 2015 referida a la licitación para la compra de 150 mil kits
de recién nacidos por mil cien millones de pesos.
La licitación fue ganada por empresas que nunca se habían
dedicado al tema, cuatro de ellas con domicilio en La Plata y recién
constituidas.
En el fallo se aludió "como dato primordial" al
apartamiento sin fundamentos por parte de los funcionarios públicos que
intervinieron en la licitación "del precio testigo inicial" fijado en
4096,33 pesos por kit, un accionar "que irrogó al Estado una desventaja
patrimonial por demás considerable".
Los funcionarios aceptaron ofertas de un valor promedio de
7800 pesos el kit, es decir, tres mil pesos más que el informado por la
Sindicatura General de la Nación en un informe de cotización.
Los responsables no justificaron "las razones por las
que se continúo con el trámite de una compra en base a ofertas que superaban en
exceso el valor inicial estimado en el pliego y de aquél brindado por la
sindicatura en su primer informe como precio de referencia", advirtieron
los camaristas.
También remarcaron que a raíz del secuestro de facturas en
firmas proveedoras en allanamientos ordenados por Bonadio "se observa la
existencia de sobreprecios" y que "al menos ocho de los elementos del
kit duplican y hasta cuadriplican su valor de compra".
La Cámara entendió además que las seis firmas adjudicatarias
de la licitación "coordinaron su accionar" y por ello hubo similitud
en los precios de sus ofertas, que a lo sumo se diferenciaron en 120 pesos cada
kit.
Las empresas cuyos responsables terminaron procesados son
"Fasano", "Fibromad", "Delta Obras y Proyectos",
"Dromotech", "Grupo Diela" y "Compañía Comercial
Narciso".
También se detectó la existencia de proveedores en común
entre las empresas, como una a la que las seis empresas fueron el mismo día
para comprar elementos del kit.
También se verificó que todas compraron elementos para el
kit antes de que se las proclamara ganadoras de la licitación.
También se confirmaron los procesamientos de los ex
funcionarios de Salud Ana Viana, Fanny Lamas, Juan Carlos Piccolini y de tres
integrantes de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal
y Técnica de la Presidencia de la Nación, Alicia Atensio, Claudia Esteban y
Carlos Tejada.
En cuanto a Manzur, se le dictó falta de mérito por entender
que actuó en la primera etapa de la licitación, cuando "aún no se advertía
el direccionamiento a favor de las firmas" que la ganaron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario