La Plata

22 de abril de 2010

EL PODER EJECUTIVO BONAERENSE DEBERÁ
CONTESTAR EN VEINTE DIAS LOS PEDIDOS DE INFORMES ENVIADOS POR LA LEGISLATURA

Un proyecto del senador Fernando López Villa (CC-ARI) fija ese plazo y determina sanciones para los funcionarios que no cumplan con él.

A través de un proyecto de ley, el senador provincial Fernando López Villa (CC-ARI) propicia la fijación de un plazo de veinte días hábiles para que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se le cursen desde la Legislatura, y establece severas sanciones para los funcionarios que no se ajustaran a ese término.
En ese orden, la iniciativa -que también suscriben sus pares Javier Mor Roig, titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI, y María Isabel Gainza-, determina que vencido el referido plazo “las solicitudes de informes en cuestión se harán públicas a través de su difusión en los dos diarios de mayor circulación provincial, con costos solventados en forma personal por el funcionario reticente a quien, asimismo, se considerará incurso en falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público previstos en el artículo 249 del Código Penal”.
Se aclara asimismo que “la ejecución de las multas que se apliquen por la nueva ley se efectivizará por el proceso de apremio y lo así recaudado será destinado al presupuesto del Seguro Público de Salud”, y que “el tiempo de respuesta requerido podrá ser reducido de mediar cuestiones de urgencia o probable extemporaneidad”.

Incumplimiento

En los fundamentos de su propuesta, López Villa, Mor Roig y Gainza expresan que la misma tiene por objeto “restablecer en el accionar interinstitucional de nuestra provincia, el ejercicio cabal de las solicitudes de informes y su respuesta en tiempo, forma y contenido, lo cual constituye un deber ineludible por parte del Poder Ejecutivo en una sociedad que pretenda vivir en democracia”.
Agregan que “es ya contumaz la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los requerimientos presentados por ambas Cámaras legislativas, gestando una sistematicidad por omisión que abarca ya a diversas administraciones; se ha acendrado como lamentable hábito y ha conllevado a un deterioro creciente de la efectividad del Poder Legislativo, tergiversando hasta la inoperatividad su capacidad de garantizar el acceso ciudadano a la información; la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la gestión racional de los recursos públicos”.
“La gravedad institucional suscitada y el compromiso que todos los bloques hemos contraído con la sociedad -manifiestan los legisladores- nos conminan a hallar mecanismos que aseguren la reversión de esta renuencia a la obligación republicana de dar cuenta pública de los actos de gobierno, cuya acción en contrario la circunscribirá a los discursos de campaña”.